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Gobierno advierte que no puede obligar a ningún médico a interrumpir un embarazo

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El Gobierno ha contemplado el derecho de los profesionales de la salud a ejercer la objeción de conciencia.

“No se puede forzar a alguien que siente vulneradas sus creencias más íntimas”, dijo Vilma Ibarra

La secretaria de Legal y Técnica del Gobierno nacional, Vilma Ibarra, defendió este martes la decisión oficial de contemplar la objeción de conciencia de los médicos del sistema público y del privado de salud, a pesar de las críticas del “movimiento verde” que apoya la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  

Ante los diputados, Ibarra dijo que el proyecto recoge el derecho a la objeción de conciencia de los individuos y reconoció que esto es una decisión política del Gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que hubo sectores que apoyan la iniciativa en general pero han cuestionado ese punto en particular.  

“Nosotros creemos que hay que respetar el derecho a la conciencia individual. No creemos que se pueda forzar a alguien que siente íntima y profundamente vulnerados sus creencias más íntimas, probablemente religiosas. Tiene el derecho a tenerlas. Y no queremos forzarlo, no nos parece bien”, dijo Ibarra.  

El Gobierno recogió el criterio jurisprudencial de la Sentencia F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2012, el máximo tribunal falló sobre el caso de una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro.  

“Obviamente, como todo derecho no es absoluto: si corre riesgo la vida o la salud de la mujer no se puede invocar objeción de conciencia. Se debe atender y con urgencia”, dijo la funcionaria nacional en una videoconferencia con la Cámara de Diputados.  

Ibarra expuso en el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Asuntos Penales y Mujeres. Desde la Casa Rosada la acompañaron los ministros de Salud, Ginés González García; y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.  

Ibarra aclaró que si un médico es objetor en el ámbito público, debe serlo también en el ámbito privado. Y agregó que el Gobierno, con esto, pretende terminar con el “enorme negocio del aborto clandestino”.  

En ese sentido, quien sea objetor de conciencia debe derivar a la paciente en plazo oportuno, inmediato, temporáneo y sin dilaciones para que la práctica se realice en los diez días de requerida como establece la ley.  

Por ello, aclaró la secretaria de Legal y Técnica, la reglamentación será “muy precisa y cuidadosa” con esto. “Hablaremos con todos los sectores. Respetaremos el derecho del objetor de conciencia. Pero no afectaremos el derecho de la persona a recibir la práctica en el plazo que establece la ley porque cuando avanza el tiempo se empieza a convertir en una situación muy compleja para la mujer y empezamos a encontrarnos en una situación de mayor riesgo para la salud”, dijo. 

El artículo 10 del proyecto plantea que él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá: 

  • a. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. 
  • b. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. 
  • c. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. 
  • d. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. 
  • Y señala que “no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto”. 

El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda. 

El arranque el debate

En el arranque del debate sobre el proyecto oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Gobierno nacional defendió su iniciativa al advertir que en el país “fracasó la política para penalizar el aborto”.

“Ha fracasado la política y, creo que tenemos que decirlo a esta altural, de penalizacion del aborto, la politica de amenazar a la mujer de cárcel frente a su decisión de interrumpir el embarazo”, sentenció Ibarra. 

La funcionaria así lo manifestó al abrir las deliberaciones en las comisiones de la Cámara baja. Dijo que al enviar el proyecto, el presidente Alberto Fernández decidió “visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos”.

“Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley seguramente, necesitamos reforzar la educación sexual integral en todo el territorio de forma accesible y firme, una política muy importante para la prevención de la violencia de género y del abuso, y una política que nos tenemos que dar para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos”, completó. 

El debate comenzó este martes (captura).

El debate comenzó este martes

Agregó que el objetivo no es “promover el aborto”, sino el de “disminuir la cantidad de abortos en la Argentina”. 

“Estamos legislando sobre el país que tenemos y sobre el mundo que tenemos. Sería deseable que no hubiera embarazos no intencionales y que las mujeres no tuvieran que ir a abortar, pero hay mujeres para las que una maternidad forzada no es una opción”, describió y dijo que son esas personas las que recurren “en condiciones muy difíciles a abortos clandestinos”. 

Ibarra remarcó que el proyecto oficial es “cuidado y reúne consenso históricos”.

González García

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que el tema del aborto clandestino «tiene solución» y dijo que se trata de «un problema serio», al destacar que con la legalización del aborto «eliminamos una causa de muerte», al defender en un plenario de comisiones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

La objeción de conciencia, relativizada

“La objeción de conciencia está amparada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, está prevista en las leyes, por ejemplo, para las ligaduras de trompas y somos muy respetuosos de aquellos cuyas convicciones les impidan o los conmueven para no llevar adelante la práctica, siempre y cuando se lleven adelante en ciertas condiciones y se garantice la práctica como está establecido en el proyecto de ley. Obviamente que nadie puede ampararse en la objeción de conciencia cuando está en juego la salud de una persona”, dijo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El debate comenzó este martes.

©La Voz