La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), un mecanismo que depende de la Corte Suprema, dio a conocer un informe en el 15 aniversario en el que reveló un incremento del 65% de los casos denunciados.
Según el reporte, entre 2008 y 2023 la OVD «recibió 140.260 denuncias correspondientes a 184.132 personas afectadas (un caso puede tener varias personas afectadas)», al tiempo que registró «un acumulado de 76.473 consultas informativas».
Desde su creación, en 2008, «acudieron a la oficina 216.733 personas, y las principales afectadas fueron mujeres (64%), y niñas, niños y adolescentes (30%)».
El análisis de los casos muestra «la presencia de diferentes tipos de violencia: psicológica (96% de los casos), física (59%), ambiental (32%), económica y patrimonial (33%), social (17%) y sexual (11%)».
La OVD atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados.
«Siete de cada 10 denuncias se hicieron fuera del horario judicial de atención al público, lo que facilitó el acceso a justicia de la población afectada», subraya el reporte, publicado en la página de internet de la Corte.
«El 41% de los casos fue evaluado como de riesgo altísimo y alto, y el 47% como medio y moderado. Solo el 12% de los casos tuvo riesgo bajo. El 80% de las personas denunciadas fueron varones, que superaron en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad. El grupo etario de los más denunciados está comprendido entre los 22 y los 49 años (63%)», resume el reporte.
«Podemos decir con orgullo que la OVD se ha transformado en un organismo referente en la materia, no solo por su disponibilidad permanente, sino por el profesionalismo y compromiso con que todos sus integrantes se abocan a su tarea diaria», escribió el juez Carlos Rosenkrantz.
En relación con el contenido del informe, el vicepresidente del tribunal sostuvo que «estos datos ´duros´ confirman que el objetivo que tuvo la Corte al crear esta Oficina mediante la Acordada 33/2004 se ha cumplido. Es ejemplo de una política activa, exitosa y efectiva».
«Eso no significa, por supuesto, -aclaró- que la problemática de la violencia doméstica haya desaparecido. Lamentablemente no lo ha hecho. Sigue vigente. De manera que quienes cumplimos una función pública en cualquier dependencia del Estado seguimos teniendo por delante un enorme desafío», resaltó.
«Se trata de un desafío colectivo en el más pleno sentido de la palabra. Es colectivo porque exige que haya instituciones públicas involucradas. Es colectivo porque esas instituciones deben actuar de modo conjunto y coordinado, entre sí y con instituciones privadas. Y es colectivo porque todas esas instituciones, y los individuos que con su trabajo cotidiano les dan vida, deben actuar como si fueran un solo agente con un propósito común», concluyó.
Fuente: Noticias Argentinas
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