Organizaciones sociales y sindicales impulsan cortes de rutas y un paro general indefinido en rechazo al paquete económico del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que elimina la subvención a los carburantes.
Bloqueos en rutas y carreteras estratégicas
Bolivia vive una jornada de alta conflictividad social con bloqueos de caminos y carreteras en seis de sus nueve departamentos, en rechazo al fin del subsidio a los combustibles dispuesto por el Gobierno nacional. La medida forma parte del paquete económico impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y generó un fuerte impacto en la conectividad del país.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos 20 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, y en menor medida en Santa Cruz y Beni, afectando el tránsito entre el eje central y regiones productivas y fronterizas.
Paro general y reclamos de la Central Obrera Boliviana
Las protestas son encabezadas por sectores fabriles, transportistas, mineros, campesinos y organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), que declaró un paro general indefinido. El principal reclamo es la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes y redefine el esquema de precios internos.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció que la huelga se mantendrá hasta que el Ejecutivo dé marcha atrás con la medida, en un contexto de fuerte presencia policial en inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz.
Impacto regional y tensión en el transporte
En el departamento de Beni, especialmente en la ciudad de Riberalta, los bloqueos cumplen su tercer día consecutivo, combinando el rechazo al decreto con demandas sectoriales como la caída del precio de la castaña. En Santa Cruz, los cortes comenzaron en San Julián y el transporte urbano lleva varios días sin prestar servicio, reclamando un aumento tarifario para compensar el encarecimiento del combustible.
En La Paz, el transporte urbano retomó parcialmente su actividad tras un acuerdo inicial con el Gobierno, aunque persisten denuncias por cobros excesivos en los pasajes y nuevas marchas, como la protagonizada por el sector minero, que volvió a tensionar el centro político del país.
La postura del Gobierno nacional
Desde el Ejecutivo defendieron el paquete de medidas económicas, que además del retiro del subsidio incluye el aumento del salario mínimo, ajustes en beneficios sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, y la implementación de un “Perdonazo Tributario” para deudas previas al 31 de octubre de 2025.
Pese a la presión social y la paralización parcial del país, el Gobierno reiteró que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio y sostuvo que el diálogo continuará siendo la vía institucional para resolver el conflicto.
