El Registro del Automotor de Embalse atraviesa una situación inédita tras la renuncia de su titular, escribano Oscar José Belloni, que derivó en el despido de ocho trabajadoras y el traslado de los archivos al Registro N.º 2 de Río Tercero, generando preocupación entre los vecinos y usuarios de la región.
Suspensión de turnos y traslado de archivos
Desde el 31 de octubre, se suspendieron todos los turnos del registro y los legajos fueron trasladados presuntamente a Río Tercero, bajo la supervisión del titular del Registro N.º 2, Mario Filippi.
Las personas que tenían trámites en curso podrían encontrar dificultades para acceder a sus documentos, lo que genera incertidumbre administrativa y retrasos en los procesos.
Despidos sin liquidaciones ni sueldos
Las ocho empleadas despedidas —entre ellas Bárbara Sosa, Giuliana Vélez y Scarlett Sánchez— no recibieron indemnizaciones, liquidación final ni sueldo de octubre, a pesar de que el registro habría tenido ganancias netas estimadas entre 3 y 5 millones de pesos durante el último mes.
Basualdo destacó que el titular registral adeuda más de 90 millones de pesos en impuestos provinciales, recaudados a través del registro pero no girados a la Provincia de Córdoba.
Impacto económico y social para Embalse y la región
El cierre del registro afecta a vecinos de Embalse, Berrotarán, Elena y las pedanías Cóndores y Monsalvo, quienes deberán trasladarse hasta Río Tercero para realizar trámites.
Además, genera un golpe económico para los comercios locales, que recibían el movimiento constante de personas que realizaban gestiones en la localidad, y pone en riesgo la continuidad de un servicio público esencial para la región de Calamuchita.
Futuro incierto del Registro del Automotor
El Ministerio de Justicia podría designar un interventor, nombrar un nuevo titular o proceder al cierre definitivo del registro, lo que definirá el futuro de la atención al público y de los puestos de trabajo en Embalse.
Hasta el momento, la situación sigue en evaluación y la comunidad espera que se adopten medidas que garanticen la continuidad del servicio y la protección de los empleos.
