Tras un extenso debate en el Parlamento, Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna, convirtiéndose en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia. La norma garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” para mayores de edad que sufran enfermedades incurables o padecimientos insoportables.
Más de diez horas de debate en el Senado
El proyecto fue aprobado este miércoles en la Cámara de Senadores tras más de diez horas de discusión. Legisladores del Frente Amplio —partido oficialista— votaron a favor, acompañados por representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, quienes también respaldaron la iniciativa en una decisión que marca un hito en la historia legislativa del país.
Qué establece la nueva Ley de Muerte Digna
La ley permite la eutanasia para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o sufran *dolores o padecimientos insoportables.
“Podrán ampararse en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales, así como los extranjeros que acrediten residencia habitual en el país”, establece el texto aprobado.
Plazos para su reglamentación
El Poder Ejecutivo uruguayo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación. Una vez reglamentada, se contará con 90 días adicionales para conformar la Comisión Honoraria de Revisión, que supervisará los procedimientos de eutanasia realizados bajo este marco legal.
Supervisión médica y derechos humanos
La Comisión Honoraria de Revisión estará presidida por el Ministerio de Salud Pública e integrada por representantes del Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Este organismo tendrá como función elaborar un informe anual sobre los casos y su cumplimiento ético y legal, que será remitido al Ministerio y a la Asamblea General.
Un precedente para América Latina
Con esta decisión, Uruguay se posiciona como el primer país de la región en aprobar una ley que reconoce la eutanasia como derecho individual y sanitario, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía, la dignidad y el final de la vida en América Latina.
