La entidad que nuclea a los profesionales del foro local manifestó su profunda preocupación por el déficit estructural de personal, las fallas en los sistemas informáticos y la acumulación de expedientes. Advierten que la crisis en la Décima Circunscripción se profundizará tras la feria invernal con el traslado del fiscal Alejandro Carballo a Córdoba capital.
Vacantes críticas y el impacto del traslado de un fiscal clave
El Colegio de Abogados de Río Tercero lanzó una contundente advertencia pública respecto del estado de vulnerabilidad y la virtual parálisis que atraviesa el sistema de administración de justicia en la región. Según precisaron las autoridades de la institución gremial, la Décima Circunscripción Judicial —que posee competencia territorial sobre la totalidad de los departamentos Tercero Arriba y Calamuchita— experimentó un notable incremento demográfico en los últimos años, lo que se tradujo de forma directa en un aumento exponencial de las causas penales, civiles y comerciales, sin que esto fuera acompañado por un refuerzo en la estructura estatal.
El escenario, ya de por sí complejo, alcanzará un punto crítico en las próximas semanas. Desde el Colegio confirmaron que, una vez finalizado el receso de la feria judicial de invierno, el fiscal de Instrucción Alejandro Carballo será trasladado de manera definitiva a la ciudad de Córdoba. La partida de Carballo deja los Tribunales locales con un vacío operativo alarmante, dado que es uno de los dos únicos fiscales de instrucción en funciones para atender la enorme demanda de ambas jurisdicciones de nuestra zona. Esta baja se suma a la vacante existente en el área de Lucha contra el Narcotráfico —cuyo fiscal fue desplazado meses atrás— y a la falta de designación de magistrados en una de las Cámaras del crimen y en el fuero laboral, donde se reclama con urgencia el nombramiento de un juez y de equipos técnicos multidisciplinarios integrados por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales.
Paros del personal, fallas en el sistema SAC y medidas de fuerza legales
A la severa escasez de funcionarios se le acoplan factores coyunturales que terminaron por empantanar el normal funcionamiento de las mesas de entrada. Los letrados apuntaron que la seguidilla de paros y medidas de fuerza que vienen llevando adelante los empleados judiciales en reclamo de mejoras salariales paralizó la salida de despachos diarios y provocó una acumulación masiva de expedientes. Si bien desde el Colegio calificaron de «justos» los reclamos del personal, reconocieron que el impacto directo lo sufre el servicio de justicia. Asimismo, denunciaron la existencia de fallas estructurales recurrentes en el Sistema de Administración de Causas (SAC), la plataforma informática digital del Poder Judicial que, lejos de agilizar los procesos, presenta constantes caídas que entorpecen la labor diaria de los abogados litigantes.
Ante los reiterados planteos formales, la respuesta obtenida por parte de los estamentos jerárquicos de la provincia se ha reducido a una constante: «No hay presupuesto». Frente a esta negativa, el Colegio de Abogados resolvió intensificar las acciones institucionales. Actualmente, se encuentran gestionando una audiencia de carácter urgente con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y buscan la intervención directa del Poder Ejecutivo provincial a través de una reunión con el gobernador de la Provincia, entendiendo que es el poder político quien posee las herramientas financieras para destrabar la crisis de recursos. De no mediar respuestas inmediatas, la entidad adelantó que recurrirá a la presentación de amparos judiciales colectivos para salvaguardar el derecho a trabajar de los abogados y, fundamentalmente, el derecho de los ciudadanos comunes que esperan una respuesta de la Justicia.
