El plan impulsado por el gobierno de José Antonio Kast busca frenar la inmigración ilegal mediante infraestructura, tecnología y un fuerte despliegue militar en zonas limítrofes con Bolivia y Perú.
Un plan para endurecer el control migratorio
El gobierno de Chile puso en marcha este mes el denominado “Escudo Fronterizo”, una iniciativa anunciada durante la campaña presidencial por el mandatario José Antonio Kast, que apunta a reforzar el control en la frontera norte con Bolivia y Perú.
Según el documento oficial, el objetivo central es lograr “el cierre total de la frontera a la inmigración ilegal”, mediante la clausura de pasos no habilitados, la aplicación de sanciones más severas y un despliegue sin precedentes de fuerzas de seguridad.
Las obras comenzaron a mediados de marzo y se concentran en zonas consideradas críticas, como los pasos de Colchane y Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.
Infraestructura y tecnología para el control fronterizo
El plan contempla una serie de medidas estructurales y tecnológicas para impedir el ingreso irregular al país. Entre ellas, se destacan la construcción de muros y vallas de seguridad de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores de movimiento y vigilancia mediante drones.
También se prevé la excavación de zanjas de tres metros de profundidad en sectores de alto tránsito migratorio, con el objetivo de bloquear el paso de vehículos y caravanas.
A esto se suman cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia, radares térmicos y drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial e infrarrojo, que operarán de manera permanente para detectar movimientos sospechosos.
Despliegue militar y control total de la frontera
Otro de los ejes del “Escudo Fronterizo” es el refuerzo del control territorial mediante la intervención directa de las Fuerzas Armadas y de Orden, que actuarán como una Fuerza de Tarea Conjunta.
El operativo contempla el despliegue de unos 3.000 efectivos en turnos rotativos, con presencia permanente en los sectores más sensibles de la frontera.
Según lo informado, los militares contarán con facultades para detener, reconducir y expulsar a personas que ingresen de manera ilegal, bajo el amparo de la Justicia Militar.
Franja de exclusión y medidas restrictivas
El plan también establece la creación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona fronteriza, donde cualquier persona sin documentación será detenida y expulsada de manera inmediata.
Asimismo, se prevé la aplicación de protocolos estrictos para reducir a quienes intenten ingresar de forma violenta o desobedecer las órdenes de las fuerzas de seguridad.
Con estas medidas, el gobierno chileno busca reforzar su política migratoria y responder a una problemática que ha generado debate en la región, en un contexto de creciente flujo migratorio en América Latina.
