La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, afectadas por incendios de gran magnitud que superaron la capacidad de respuesta local.

Declaración de emergencia por decreto

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta a los incendios forestales que afectan gravemente a la región patagónica.

La medida fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y contempla acciones vinculadas a la prevención, combate del fuego, restauración de las zonas dañadas y mitigación de nuevos focos ígneos.

Zona de desastre y marco legal

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en las provincias alcanzadas, en el marco de lo establecido por la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

Según el texto oficial, la decisión busca agilizar la implementación de medidas extraordinarias ante un escenario que pone en riesgo bienes materiales, el ambiente y la vida de las personas.

Coordinación nacional de la emergencia

La norma encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las acciones de prevención, combate de incendios, asistencia a la población afectada y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva de las áreas damnificadas.

El organismo tendrá a su cargo la articulación con las jurisdicciones locales para optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa frente a la emergencia.

Fundamentación del DNU

El Poder Ejecutivo fundamentó el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia en que el procedimiento legislativo ordinario podría demorar la adopción de medidas urgentes frente a la gravedad de la situación.

El texto señala que la sequía prolongada, los vientos intensos y la magnitud de los incendios, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, superaron la capacidad de respuesta local.

Finalmente, se dispuso dar cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la normativa vigente.

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