La medida fue publicada en el Boletín Oficial y abre la puerta a posibles concesiones o privatizaciones del histórico complejo de turismo social. ATE inició protestas en la región.
Una decisión que impacta en el histórico complejo
El Gobierno nacional dispuso la desafectación de un sector masivo de la Unidad Turística Embalse, ubicada en el Valle de Calamuchita, mediante la resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La medida, firmada el 13 de febrero por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), marca el inicio de un proceso administrativo orientado a la “racionalización del patrimonio inmobiliario estatal”.
El inmueble afectado comprende una superficie aproximada de 2.324.017 metros cuadrados —más de 230 hectáreas— sobre la costanera del Lago Embalse del Río Tercero, y hasta el momento se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales.
Del turismo social al deterioro progresivo
La Unidad Turística Embalse fue creada en la década de 1950 como parte de una política nacional de turismo social que también incluyó un complejo similar en Chapadmalal, con el objetivo de garantizar el acceso a vacaciones subsidiadas para familias de bajos recursos.
Durante las décadas de 1960 y 1970 el complejo vivió su etapa de mayor esplendor. Sin embargo, en los últimos 30 años, distintos gobiernos nacionales redujeron progresivamente las inversiones destinadas al mantenimiento de su infraestructura.
En los últimos dos años, esa situación se profundizó. Con la asunción del presidente Javier Milei, el complejo prácticamente dejó de funcionar mientras se analizaba su futuro.
Incertidumbre y reclamos gremiales
Aunque oficialmente no se confirmó el destino final de las tierras desafectadas, en la localidad de Embalse se especula con posibles concesiones o privatizaciones totales o parciales del predio, que supera las 600 hectáreas forestadas junto al mayor lago de Córdoba.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario regional David Salto interpretó la resolución como una señal clara de traspaso a manos privadas. El gremio ya inició acciones de protesta y reclamo en la zona serrana ante la incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores y el destino del histórico complejo.
La decisión abre un debate en el Valle de Calamuchita sobre el rol del Estado en el turismo social y el impacto que podría generar una eventual privatización en una de las infraestructuras emblemáticas de la región.
