Adriana Nechevenko aseguró ante la Justicia que se trató de operaciones de compra-venta con hipoteca por saldo de precio. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Declaración clave en la causa
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien intervino en las operaciones inmobiliarias del funcionario.
La profesional se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y, tras más de dos horas de exposición, aseguró que “no hubo un préstamo” en la adquisición de las propiedades, sino que se trató de operaciones de compra-venta con “hipoteca por saldo de precio”.
Vínculo profesional con el funcionario
Durante su declaración, Nechevenko indicó que mantiene desde hace años un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.
Si bien presentó la documentación requerida por la fiscalía, al arribar a la sede judicial había anticipado a la prensa que no brindaría explicaciones públicas sobre su testimonio.
Hipotecas bajo la lupa
La investigación judicial también analiza las hipotecas no bancarias que habrían permitido al funcionario adquirir dos inmuebles en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz.
En ese marco, fueron citadas a declarar cuatro mujeres que figuran como prestamistas en las operaciones: Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la compra del departamento donde reside actualmente Adorni, y Graciela Isabel Molina junto a Victoria María José Cancio, relacionadas con otra propiedad en la misma zona.
Las primeras dos testigos deberán presentarse el jueves 9 de abril, mientras que las restantes lo harán el lunes 13.
Otras líneas de investigación
En paralelo, trascendió que también se investiga el pasado profesional de la escribana, a partir de reportes que la vinculan con presuntos servicios prestados a organizaciones de narcotráfico.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de determinar la legalidad de las operaciones inmobiliarias y el origen de los fondos utilizados.
