El jefe de Gabinete declaró nuevas deudas en dólares vinculadas a la compra de propiedades, en una causa que analiza presunto enriquecimiento ilícito.
Nuevas operaciones bajo análisis
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena tras conocerse una operatoria inmobiliaria con hipoteca privada vinculada a un departamento ubicado en la avenida Asamblea al 1100.
Según surge de su declaración ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario registró esta operación el 15 de noviembre de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.
Préstamos en dólares y nuevas deudas declaradas
De acuerdo a la documentación, el financiamiento de la propiedad se realizó mediante un préstamo otorgado por dos mujeres: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares.
En su presentación correspondiente a 2024, Adorni declaró deudas por 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y 7.740.000 pesos con Cancio, consignando que se trata de montos en dólares.
Vínculos y antecedentes de los involucrados
Uno de los datos que generó interés en la investigación es que Molina de Cancio es una ex comisaria de la Policía Federal, quien se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta 2021.
Además, en la operación intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien también participó en otras transacciones inmobiliarias del funcionario y registra visitas a la Casa Rosada.
Avanza la investigación judicial
La escribana fue citada a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni.
El fiscal solicitó la entrega de toda la documentación vinculada a las operaciones inmobiliarias del funcionario y su esposa, con el objetivo de verificar los pagos realizados, las deudas asumidas y la legalidad de las transacciones.
Un patrón de operaciones bajo la lupa
La hipoteca privada utilizada en el inmueble de avenida Asamblea presenta similitudes con otra operación realizada en 2025, cuando Adorni adquirió un departamento en el barrio porteño de Caballito.
En ese caso, el funcionario habría recibido un préstamo de 200.000 dólares por parte de las anteriores propietarias, cubriendo casi el 90% del valor declarado de la propiedad, el cual, según fuentes del mercado inmobiliario, estaría por debajo del precio real.
Contexto de la causa
La investigación judicial se centra en determinar si existieron irregularidades en la adquisición de bienes, así como en la declaración patrimonial del funcionario.
El expediente también incluye el análisis de viajes al exterior realizados en avión privado y la posible existencia de propiedades no declaradas.
Mientras avanza la causa, la Justicia busca establecer si las operaciones se ajustaron a la normativa vigente o si configuran un caso de enriquecimiento ilícito.
