A través del Decreto 526/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional aplicó una suba controlada en los tributos y postergó el remanente para agosto. La medida busca amortiguar el impacto en el bolsillo y contener el índice inflacionario.
El impacto real en los surtidores: los nuevos precios de la nafta y el gasoil
A partir de este miércoles, los conductores de nuestra ciudad y de toda la región comenzarán a ver reflejado un nuevo esquema de precios en las estaciones de servicio. El Gobierno nacional dispuso una actualización de carácter parcial sobre los impuestos que gravan a los combustibles para el mes de julio, determinando que los nuevos valores impositivos rijan para todos los hechos imponibles que se perfeccionen hasta el último día de este mes.
De acuerdo con los datos técnicos de la normativa, en el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo impositivo trepa a $21,192 por litro en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y a $1,298 en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Con este ajuste fiscal, el litro de nafta súper —que promediaba los $2.030— pasará a costar $2.051, según el relevamiento sectorial del portal especializado Surtidores.
Por el lado del gasoil, el tributo sube a $18,959 en el ICL, a $10,266 en el tratamiento diferencial que reciben determinadas regiones del país, y a $2,161 en el IDC. De esta manera, el precio base por litro de este combustible para el séptimo mes del año escalará de los $2.115 a los $2.133. Cabe señalar que el ajuste tiene alcance nacional, aunque se contemplan aplicaciones diferenciadas para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
Estrategia oficial para contener la inflación y sostener el consumo
La decisión de no aplicar la totalidad de los aumentos pendientes responde a una estrategia puramente macroeconómica de la gestión de Javier Milei. El Ejecutivo estipuló de forma clara en el decreto que los efectos de los incrementos remanentes —vinculados a las actualizaciones postergadas de los años 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026— no se descargarán de golpe en los surtidores durante julio, sino que se diferirán para el mes de agosto.
Al respecto, el texto oficial argumentó que la postergación se realiza “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
Con este desdoblamiento tributario, la administración central busca evitar un traslado directo y brusco a los precios de cartel de las petroleras (YPF, Shell, Axion y Puma), lo que inevitablemente terminaría recalentando el índice de precios al consumidor (IPC) y golpeando la estructura de costos del transporte de cargas y de los usuarios particulares en el interior provincial.



