La medida beneficiará a localidades de 14 departamentos —entre ellas Las Perdices, La Cruz y Lutti— garantizando planificación territorial, expansión de servicios y seguridad jurídica.

El gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la firma y envío a la Legislatura provincial de los proyectos de ley orientados a establecer y rediseñar los radios urbanos de 22 municipios y comunas pertenecientes a 14 departamentos. La iniciativa busca adecuar los límites jurisdiccionales al crecimiento demográfico, comercial e industrial registrado durante los últimos años, otorgando previsibilidad a las gestiones locales para la prestación de servicios públicos y el ordenamiento territorial.

Impacto en Tercero Arriba, Calamuchita y el interior provincial

La normativa contempla la actualización de poligonales en comunidades distribuidas en diversos puntos de la provincia, incluyendo poblaciones del departamento Tercero Arriba como Las Perdices, y del departamento Calamuchita como La Cruz y Lutti. Asimismo, abarca a municipios situados en los departamentos Río Primero, Santa María, Totoral, General San Martín, Punilla, San Justo, Río Segundo, Tulumba, Río Cuarto, Colón, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña.

Durante la presentación institucional, Llaryora enfatizó la trascendencia de la delimitación territorial, señalando que la ampliación del ejido equivale a definir la jurisdicción donde cada comunidad ejercerá sus facultades normativas y tributarias. En ese sentido, el mandatario provincial ponderó que el ordenamiento de los límites brinda marco legal a los Concejos Deliberantes y Cartas Orgánicas para planificar la infraestructura básica, la edificación y la conectividad vial de manera previsible.

Articulación institucional y respuesta al desarrollo productivo

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Calvo, junto con el secretario General de la Gobernación, Gustavo Brandán, destacaron el trabajo técnico realizado de manera conjunta entre las áreas del Poder Ejecutivo provincial, las administraciones locales y los legisladores departamentales. Los funcionarios coincidieron en que la regularización catastral aporta seguridad jurídica tanto a los vecinos como a los sectores productivos, resolviendo zonas grises que anteriormente obstaculizaban la llegada de servicios indispensables.

A su vez, mandatarios municipales de las localidades beneficiadas resaltaron la relevancia de la medida, remarcando que la redeterminación del plano oficial permitirá incorporar barrios periféricos, parques industriales, plantas de tratamiento y emprendimientos fabriles que antes quedaban excluidos del ejido urbano. Tras la firma de los proyectos, las iniciativas ingresarán formalmente a las comisiones de la Unicameral para su posterior debate y aprobación definitiva.