El legislador por el departamento Tercero Arriba impulsa una iniciativa que busca cerrar vacíos legales y prevenir conflictos de intereses en las licitaciones públicas.

Un proyecto para fortalecer la transparencia

El legislador provincial Juan Pablo Peirone presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley orientado a prevenir prácticas irregulares en las contrataciones públicas, apuntando especialmente a los mecanismos que permiten direccionar licitaciones hacia familiares, allegados o terceros vinculados a funcionarios.

Según explicó el propio Peirone, si bien la normativa vigente prohíbe que los funcionarios contraten directamente con el Estado, no impide que estas operaciones se realicen a través de intermediarios, una situación que —advirtió— genera ventajas indebidas y perjuicios económicos para la administración pública.

Los ejes centrales de la iniciativa

El proyecto propone cerrar esos vacíos legales mediante una serie de herramientas concretas. Entre los puntos principales, se establece la prohibición de contratar cuando exista un conflicto de intereses real o potencial, así como la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas por parte de oferentes y adjudicatarios.

Asimismo, se incorpora el deber de abstención para los funcionarios que tengan algún grado de vinculación con los procesos licitatorios y se prevén sanciones severas, como la nulidad de los contratos y la inhabilitación para quienes falseen u oculten información relevante.

Autonomía municipal y reglas claras

Otro aspecto destacado de la propuesta es el respeto a la autonomía municipal, invitando a los municipios a adherir al régimen con criterios claros, uniformes y transparentes, sin imposiciones, pero con estándares comunes para toda la provincia.

Peirone remarcó que la iniciativa no apunta a personas en particular, sino a erradicar prácticas que afectan la equidad y la confianza ciudadana. “No se prohíbe por apellido, se actúa cuando hay influencia o ventaja indebida”, sostuvo.

Impacto en los recursos públicos

El legislador subrayó que este tipo de maniobras le cuesta millones de pesos a los cordobeses y contribuye al descrédito del Estado. En ese sentido, afirmó que el proyecto busca garantizar igualdad de condiciones, transparencia y reglas claras en el uso de los recursos públicos.

La propuesta ya ingresó formalmente a la Legislatura y será analizada en las comisiones correspondientes.