El fiscal Leonardo Galanti acusó a cinco personas por asociación ilícita. El líder de la organización impartía las directivas desde el establecimiento penitenciario, mientras sus cómplices manejaban las cuentas bancarias para concretar las defraudaciones.
La Fiscalía de Instrucción Número 1 de Río Tercero, a cargo del fiscal Leonardo Galanti, solicitó formalmente la elevación a juicio de una causa que involucra a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas telefónicas y virtuales. Los imputados operaban mediante la plataforma Marketplace, engañando sistemáticamente a usuarios que publicaban artículos para la venta. La estructura criminal era liderada por Facundo Utrera, quien se encuentra señalado en calidad de jefe, secundado por Luz Muñoz, Aldana Zalazar, Vanesa Zalazar e Irina Natali Villafañe, imputadas como miembros activos de la organización delictiva.
El modus operandi desde el penal de Villa María
La investigación judicial logró determinar que la red operó de manera ininterrumpida y coordinada entre los meses de julio y octubre del año dos mil veinticinco. La principal particularidad del caso radica en que el jefe de la banda coordinaba todas las acciones y tomaba las decisiones desde el interior del Establecimiento Penitenciario Número 5 de Villa María, recinto donde se encontraba alojado.
A través del uso de diversas líneas telefónicas que ingresaban de forma clandestina al penal, el recluso contactaba a las potenciales víctimas simulando un falso interés en la compra de los bienes ofrecidos en la red social. Mientras tanto, las mujeres imputadas, quienes se encontraban en libertad, aguardaban las directivas para actuar como receptoras del dinero ilícito.
Engaños, transferencias falsas y roles definidos
El ardid principal de la banda consistía en aducir un supuesto error durante la transferencia del dinero acordado por la compra del artículo. Bajo esta maniobra de confusión, el líder de la organización guiaba telefónicamente a los damnificados para que, de manera involuntaria, transfirieran fondos desde sus propias cajas de ahorro hacia las cuentas bancarias manejadas por sus cómplices.
La fiscalía determinó que los involucrados mantenían un acuerdo previo y una permanencia en el tiempo para consumar estas defraudaciones, conformando una estructura sólida con objetivos compartidos. Esta clara división de roles permitió a los acusados concretar múltiples estafas antes de ser desarticulados por la Justicia de la región.
