El legislador de Tercero Arriba denunció que, pese a haber presentado un proyecto hace seis meses, el Gobierno Provincial no avanza en el bloqueo de señales dentro de las prisiones. «La cárcel no es una oficina», sentenció Peirone, advirtiendo que desde los denominados «call centers tumberos» se continúan vaciando cuentas y arruinando a familias cordobesas.

Un proyecto cajoneado y una problemática que crece

El Dr. Juan Pablo Peirone, legislador por el departamento Tercero Arriba, alzó nuevamente la voz para denunciar la inacción oficial frente a las estafas virtuales que se originan dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia. Según manifestó el parlamentario, hace ya medio año que presentó un proyecto de ley concreto para bloquear de forma efectiva la señal de telefonía móvil en las cárceles, sin obtener hasta el momento ninguna respuesta por parte del Ejecutivo provincial.

Para Peirone, la persistencia de estos delitos no responde a dificultades técnicas, sino a una marcada «falta de voluntad política». Mientras que a nivel nacional se han mostrado avances en la restricción de comunicaciones para los internos, el legislador sostiene que en Córdoba el gobierno de Martín Llaryora mantiene un silencio que favorece la continuidad de estas organizaciones delictivas que operan con total impunidad tras las rejas.

«Call centers tumberos»: el peligro de la cárcel como oficina

La denuncia de Peirone pone el foco en el funcionamiento de los llamados «call centers tumberos», donde los internos utilizan dispositivos móviles para organizar estafas sofisticadas. Mediante engaños telefónicos y maniobras de ingeniería social, los delincuentes logran vaciar cuentas bancarias y despojar de sus ahorros a ciudadanos honestos de nuestra región y de toda la provincia.

«La cárcel NO es una oficina», remarcó el legislador con firmeza. El diagnóstico del médico y dirigente político es claro: el sistema penitenciario cordobés está fallando en su misión de resguardo, permitiendo que las celdas se conviertan en centros de operaciones comerciales ilícitas. Esta situación, advierte Peirone, convierte a la sociedad cordobesa en «rehén» de un sistema que no aplica los controles tecnológicos necesarios para proteger a la población.

El reclamo por una decisión política urgente

Desde Tiempo Regional, observamos que esta problemática afecta de manera directa a los vecinos de Almafuerte y Río Tercero, quienes son víctimas recurrentes de intentos de estafa telefónica. El pedido del legislador busca que se dejen de administrar «parches» y se tome la decisión institucional de invertir en inhibidores de señal y tecnología de bloqueo, tal como se aplica en otros servicios penitenciarios del mundo.

«Es momento de dejar la política de lado y hacerse cargo», concluyó Peirone, instando a las autoridades a tratar el proyecto de ley antes de que más familias pierdan su patrimonio a manos de delincuentes que, en teoría, deberían estar incomunicados. La seguridad de nuestro departamento y la integridad de la economía de los cordobeses dependen de una respuesta legislativa y ejecutiva que, por ahora, sigue siendo una materia pendiente.