Las mujeres que otorgaron el préstamo hipotecario privado ratificaron ante la Justicia los detalles del acuerdo y confirmaron que el jefe de Gabinete mantiene cuotas vigentes hasta noviembre.

Testimonios clave en la investigación

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las mujeres que financiaron la compra de su departamento en Caballito declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y confirmaron que el funcionario aún adeuda 70.000 dólares más intereses.

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes ratificaron haber otorgado un préstamo hipotecario privado —no bancario— por un total de 100.000 dólares en noviembre de 2024 para la adquisición del inmueble ubicado sobre avenida Asamblea, frente al Parque Chacabuco.

Detalles del acuerdo financiero

Durante sus declaraciones, ambas testigos señalaron que el crédito fue pactado con una tasa de interés del 11% anual, con cuotas mensuales vigentes y un vencimiento final previsto para noviembre de este año.

Según lo informado, Molina aportó 85.000 dólares, mientras que Cancio completó los 15.000 restantes.

La línea de investigación judicial

La Justicia busca determinar si las acreedoras, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar el préstamo y establecer la trazabilidad de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.

En paralelo, la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las firmas, sostuvo que no existieron préstamos en efectivo y afirmó que la operación se encuadró en un esquema de financiación directa entre las partes, sin irregularidades.

Próximas declaraciones y avance de la causa

Para el miércoles 15 está prevista la declaración de otras dos acreedoras vinculadas a la compra del mismo inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes también deberán aportar detalles sobre la operación.

Días atrás, además, declaró el exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento, en una audiencia realizada de manera virtual.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con el objetivo de esclarecer si existieron inconsistencias en las operaciones y si los fondos utilizados por el funcionario se corresponden con sus ingresos declarados.

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