El Gobierno de la Provincia de Córdoba celebró diez años del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), una política pública pionera destinada a promover e incentivar la producción agropecuaria sostenible mediante el reconocimiento directo a los productores. Durante el acto conmemorativo realizado en la Casa de Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el encuentro donde se anunció la intención de impulsar una ley nacional que permita replicar el esquema cordobés en todo el país.
Proyecto de ley en el Congreso y balance de una década de gestión
El programa, iniciado en 2017 y respaldado institucionalmente en 2019 mediante la Ley Provincial N° 10.663, registra un alcance anual de más de 3.200 productores involucrados, abarcando una superficie superior a las 3,1 millones de hectáreas y registrando más de 25.100 prácticas sustentables declaradas. En ese marco, la diputada nacional Carolina Basualdo confirmó que el bloque parlamentario Provincias Unidas presentará un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para otorgar un marco legal que premie el cuidado ambiental en el ámbito agropecuario nacional.
Por su parte, el ministro Sergio Busso enfatizó la consolidación del trabajo conjunto con más de 50 instituciones del sector y destacó la incorporación de herramientas financieras de protección, como el plan piloto de seguro multirriesgo que otorgó cobertura gratuita sobre 550.000 hectáreas de cultivos de soja y maíz.
Reconocimientos internacionales y articulación del sector
A lo largo de su trayectoria, el modelo cordobés sumó hitos tecnológicos e institucionales, tales como el desarrollo en 2020 del primer mapa digital georreferenciado de BPAs a través de IDECOR, así como distinciones internacionales entre las que destacan el Premio Buenas Prácticas Regionales otorgado por ORU Fogar-PNUD en 2022 y el Premio CiTA a la Innovación Tecnológica en 2023.
La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de entidades como Aapresid, Coninagro, Federación Agraria Argentina, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, miembros de consorcios camineros y referentes de las bolsas de cereales, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar políticas públicas que promuevan la competitividad productiva en equilibrio con la conservación ambiental.
