Con una mayoría superior a los dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados aprobó la ley que abre la vía para que el presidente Rodrigo Paz decrete el estado de excepción. El país vecino cumple un mes de protestas masivas, desabastecimiento y más de 150 bloqueos de rutas organizados por la Central Obrera.

Giro legislativo en el altiplano: Diputados abre la puerta al estado de excepción

La profunda inestabilidad política y social que sacude a la región andina sumó un capítulo de extrema gravedad institucional que mantiene en vilo a los analistas internacionales de nuestra provincia. En una sesión de alta tensión parlamentaria, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes, por más de dos tercios de los votos a favor, un proyecto de ley medular que elimina de forma definitiva las restricciones legales que pesaban sobre las Fuerzas Armadas para intervenir de manera directa en conflictos de orden interno.

La flamante normativa deroga formalmente la Ley N.° 1.341 —conocida popularmente en el escenario civil como la Ley Copa—, un instrumento jurídico de control que regía desde octubre del año 2020 y que limitaba severamente el accionar militar en manifestaciones urbanas. El expediente parlamentario fue girado con carácter de urgencia al Poder Ejecutivo para su inmediata promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz, configurándose como el andamiaje legal indispensable para que el mandatario pueda decretar el estado de excepción y militarizar los puntos neurálgicos de la nación vecina.

Desabastecimiento generalizado y el rol de las Fuerzas Armadas frente al cerco civil

De acuerdo con los fundamentos expresados de forma transparente por los legisladores oficialistas que respaldaron la medida, la ampliación de las facultades de las fuerzas del orden busca restablecer de manera perentoria el libre tránsito y desarticular los cercos sociales que impiden el normal abastecimiento de productos básicos. La falta de alimentos de primera necesidad, combustibles y suministros médicos esenciales ha comenzado a estrangular la actividad económica y civil, golpeando con especial dureza a los conglomerados urbanos de La Paz, El Alto y Oruro.

Con este nuevo instrumento, los mandos militares recuperan la potestad legal de ejecutar operaciones de despeje y control de masas en la vía pública sin las limitaciones civiles precedentes. La oposición y diversos organismos de derechos humanos miran con profunda preocupación este giro doctrinal, advirtiendo que la eliminación de estas salvaguardas judiciales podría derivar en un incremento de la violencia institucional y alterar la convivencia democrática en nuestra región sudamericana.

Cuatro semanas de parálisis total: la COB encabeza más de 150 bloqueos de carreteras

La sanción de esta polémica ley se concreta en el marco de la cuarta semana consecutiva de parálisis económica y conflictividad civil generalizada en el país limítrofe. Las masivas movilizaciones en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz están lideradas de forma orgánica por organizaciones gremiales afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), logrando aglutinar un fuerte frente de resistencia compuesto por sindicatos de trabajadores de la sanidad, mineros, fabriles, movimientos indígenas y juntas vecinales barriales.

Los informes de las redes de transporte terrestre confirmaron que los bloqueos de carreteras alcanzaron un pico histórico de 150 puntos de corte total simultáneos distribuidos en las principales rutas internacionales y nacionales bolivianas. Esta situación de parálisis fronteriza es monitoreada de forma milimétrica por los sectores logísticos y comerciales de nuestra zona, debido al impacto colateral que el freno de las exportaciones e importaciones de hidrocarburos y mercaderías genera en el Mercosur.

Desde *Tiempo Regional, realizamos un seguimiento minucioso y exhaustivo de las crisis institucionales que reconfiguran el mapa político de los países hermanos. Entendemos de forma rigurosa que auditar las tensiones democráticas continentales, analizar las implicancias de la militarización de la seguridad civil y comprender el origen de los reclamos de los trabajadores organizados constituyen las herramientas más transparentes, indispensables y efectivas para evaluar el impacto económico en las fronteras nacionales, contextualizar la realidad geopolítica y velar por el resguardo de la paz social de todas las familias que habitan en *nuestra comunidad regional.