En lo que representa un paso clave en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos. La sanción se dio este miércoles durante la 11ª sesión ordinaria de 2026, correspondiente al 148º período legislativo, dotando al Estado provincial de herramientas jurídicas inéditas para intervenir de forma directa sobre inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes, guaridas delictivas o edificaciones abandonadas que pongan en riesgo la convivencia ciudadana.

La sesión parlamentaria estuvo encabezada por la vicegobernadora de la provincia, Myrian Prunotto, acompañada en la conducción por el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta de la Cámara, Julieta Rinaldi. La flamante normativa logró unificar una iniciativa enviada originalmente por el Poder Ejecutivo Provincial con dos propuestas parlamentarias presentadas por los legisladores Oscar Agost Carreño y Oscar Saliba, obteniendo previamente un despacho favorable en las comisiones de Seguridad y de Legislación General.

Herramientas preventivas: Clausuras, tapiados y bloqueos de accesos

La nueva ley, primera en su tipo a nivel nacional, crea un régimen administrativo y judicial específico diseñado para actuar de manera temprana. El espíritu de la norma establece que se intervendrá sobre propiedades privadas o estructuras «cuando se encuentren en condiciones objetivas y verificables de deterioro relevante, desmantelamiento, riesgo de ruina o derrumbe que generen un riesgo para la seguridad pública». Asimismo, se aplicará con firmeza sobre aquellos lugares que estén vinculados de manera actual, anterior o reiterada a actividades delictivas, particularmente búnkeres de venta de drogas o aguantaderos.

Entre las facultades operativas que la ley otorga a las fuerzas del orden y de control se destacan la realización de inspecciones inmediatas, la confección de informes técnicos y el dictado de resoluciones fundadas. Estas acciones habilitarán la ejecución de medidas preventivas severas como el cerramiento perimetral, clausuras provisorias, tapiados de mampostería, bloqueos definitivos de accesos y la custodia o aseguramiento de los inmuebles, garantizando siempre el respeto por las competencias judiciales correspondientes y el debido proceso legal.

Coordinación interagencial y creación de un registro de bienes

Para asegurar la efectividad de la norma, se determinó que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba oficiará como la autoridad de aplicación general. No obstante, para los supuestos estrictamente vinculados al microtráfico o al funcionamiento de búnkeres de drogas, se instituyó una «autoridad de aplicación especial» coordinada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, la cual trabajará en el territorio con la intervención directa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

A su vez, el nuevo entramado legal contempla dos estructuras fundamentales para la planificación estratégica:

• Unidad Interagencial: Un bloque de acción unificado que estará integrado por representantes del Gobierno de la Provincia (Seguridad y Justicia), el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia de Córdoba, la FPA y los diferentes municipios y comunas de nuestra provincia, quienes articularán los mecanismos de control de acuerdo a sus competencias.
• Registro Provincial de Bienes Intervenidos: Un organismo que funcionará bajo la órbita de la mencionada Unidad Interagencial y que tendrá como finalidad centralizar, sistematizar, actualizar y resguardar toda la información referida a los inmuebles alcanzados por la ley, asegurando la trazabilidad de cada una de las intervenciones delictivas.