Días atrás, el intendente de Almafuerte intentó apagar un incendio político con un video plagado de enojos y amenazas de juicios contra la prensa, negando tajantemente la existencia de una causa judicial en su contra. Sin embargo, los documentos oficiales y el testimonio del propio denunciante salieron a la luz para desmoronar su defensa. Los detalles de una caja millonaria financiada por los vecinos.

El documento judicial que desmiente al Intendente

Lejos de la transparencia pregonada por el Ejecutivo local, la realidad judicial avanza en los pasillos de los tribunales cordobeses. En diálogo exclusivo, el periodista y presidente de un partido provincial, Pablo Olmos, ratificó punto por punto la investigación que tiene en la mira al ente liderado actualmente por el mandatario almafuertense Rubén Dagum.

El documento judicial emitido por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, al que accedió de manera exclusiva Tiempo Regional, es contundente: el expediente número 12251381 – 1 cuerpo es una realidad. La causa penal tuvo su fecha de inicio el 31 de agosto de 2023, bajo la carátula formal «N.N. S/ INF. LEY 19.945 – DEN. OLMOS PABLO RAMIRO».

Esta acusación, que comenzó en la Justicia Federal por tratarse originalmente de una supuesta violación a la ley nacional de financiamiento de partidos políticos (Ley 19.945), fue luego derivada a la justicia ordinaria. El recibo de remisión actualizado, con fecha del 7 de abril de 2026, certifica que las actuaciones pasaron de la Fiscalía Distrito 1 Turno 6 directamente hacia la órbita de la Fiscalía General, recayendo finalmente en el Fuero Anticorrupción.

Millones de pesos mensuales: la «caja» política financiada con dinero público

El eje central del escándalo radica en el mecanismo de recaudación del mal llamado «Foro de Intendentes Radicales». Según detalló Olmos, los municipios y comunas adheridos mediante ordenanza desvían el 0,5% de los fondos que reciben por coparticipación directamente a las arcas de este ente.

En el caso particular de Almafuerte, adherido a este sistema, la cifra asciende aproximadamente a 10 millones de pesos mensuales. Un flujo de dinero constante que sale de las arcas municipales, con el aval del Concejo Deliberante, hacia un organismo que, en los papeles, debería solucionar problemas comunes de infraestructura o servicios de las localidades asociadas.

“A mí me aflige esta situación. Hay comunas realmente pobres en el norte de Córdoba que le están destinando esa plata y no reciben nada a cambio”, disparó Olmos. La crítica cobra especial peso en Almafuerte, donde el municipio destina esa millonaria suma desde la época de la pandemia en 2020, recursos que bien podrían haberse volcado a mejorar un sistema de salud local con serias deficiencias.

¿Dónde va el dinero? Campañas, encuestas y «fiestas majestuosas»

La denuncia penal apunta directamente a las personas físicas que presiden e integran las autoridades de este organismo —cuyo actual líder es Rubén Dagum—, acusándolos de utilizar estos fondos públicos para solventar gastos partidarios de la Unión Cívica Radical.

“¿Qué recibió a lo largo de las últimas décadas la ciudad donde viven ustedes del foro de intendentes? Absolutamente nada”, sentenció Olmos, y aportó un dato explosivo sobre el destino del dinero de los vecinos: “¿Sabes qué hacen con la guita? Bancan las encuestas de las campañas para dirimir la interna o los candidatos. Le estamos pagando la campaña a De Loredo”.

Además del financiamiento indirecto de candidaturas y sondeos de opinión, el denunciante apuntó contra los lujos de las autoridades del ente, destacando las “lujosas fiestas de fin de año” que se organizan con la recaudación, en contraste con las necesidades de los municipios aportantes que, a lo sumo, reciben alguna «motoguadaña» para justificar gastos.

La responsabilidad política y el silencio cómplice

Mientras Olmos advierte que presentará pedidos de jury contra los fiscales si el Fuero Anticorrupción sigue demorando el avance de una investigación iniciada en 2023, la mirada vuelve a posarse sobre el Ejecutivo de Almafuerte.

Queda en evidencia que las acusaciones no eran una «noticia falsa» ni una mera «difamación», como intentó instalar el intendente Dagum en su reciente video. La causa penal tiene número, carátula, denunciante y un derrotero judicial comprobable.

Frente a la contundencia de las pruebas, el interrogante que resuena hoy en las calles de la ciudad es por qué el municipio sigue aportando millones de pesos mensuales a un foro partidario y si los concejales tomarán la decisión política de derogar la ordenanza que permite este drenaje de los recursos de todos los almafuertenses.