La medida será aprobada por Real Decreto sin pasar por el Parlamento y beneficiará a miles de argentinos que residen en ese país en situación irregular. La oposición denuncia un “efecto llamada”.
Un decreto que redefine la política migratoria española
En una decisión de fuerte impacto político y social, el Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, se prepara para aprobar este martes un Real Decreto que permitirá regularizar la situación de aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados. La medida no requerirá tratamiento parlamentario y surge de un acuerdo cerrado entre el oficialista PSOE y el espacio de izquierda Podemos.
El decreto alcanzará a todos los extranjeros que se encuentren en territorio español desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una permanencia mínima de cinco meses, lo que abre una oportunidad concreta para miles de migrantes latinoamericanos, entre ellos un número significativo de argentinos.
Requisitos flexibles y trámites simplificados
Uno de los aspectos centrales de la normativa es la flexibilización de los requisitos administrativos. Para acreditar la estadía en España, no solo será válido el empadronamiento municipal, sino también informes médicos, contratos de servicios básicos, comprobantes de envío de dinero u otros documentos oficiales.
Además, la sola admisión del trámite otorgará beneficios inmediatos:
- Permiso provisional de residencia y trabajo por un año.
- Suspensión automática de órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por causas administrativas.
- Posibilidad de acceder, tras ese período, a una autorización ordinaria de residencia conforme al reglamento de extranjería.
Impacto directo en la comunidad argentina
La iniciativa llega en un contexto de crecimiento sostenido de la migración argentina hacia España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 415.987 argentinos residentes en el país, la cifra más alta de la historia.
Si bien la mayoría se encuentra en situación regular, un porcentaje relevante permanece en la informalidad, por lo que este decreto representa una vía clave para blanquear su situación laboral, acceder a derechos sociales y consolidar su integración.
De acuerdo con el centro de análisis Funcas, la inmigración irregular en España asciende a unas 840.000 personas, de las cuales el 91% proviene de países latinoamericanos, principalmente Colombia, Perú y Honduras.
Duras críticas de la oposición
La decisión del Ejecutivo de avanzar por la vía del decreto generó un fuerte rechazo de los partidos de derecha. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la política migratoria de Sánchez como “disparatada” y advirtió que la medida podría desbordar los servicios públicos y potenciar el denominado “efecto llamada”.
En la misma línea, el titular de Vox, Santiago Abascal, endureció el discurso al tildar al presidente español de “tirano” y acusarlo de promover una “invasión”, profundizando así la polarización política en torno al debate migratorio.
Un debate abierto en la sociedad española
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta de integración social y ordenamiento administrativo, sectores opositores y parte de la opinión pública cuestionan su alcance y sus efectos a largo plazo.
Lo cierto es que el decreto marcará un antes y un después en la política migratoria española, con consecuencias directas para cientos de miles de personas que buscan regularizar su situación y construir un proyecto de vida en ese país.
