La Legislatura provincial sancionó un nuevo régimen de orden público que obliga al Estado a brindar asistencia, trato digno y reparación económica y civil a los afectados por hechos delictivos. Los familiares de Joaquín Sperani presenciaron el debate en el recinto junto a funcionarios del gabinete.

Consenso legislativo en la Unicameral: la presencia de la familia Sperani en el recinto

El marco jurídico y operativo en materia de derechos civiles y garantías procesales de nuestra provincia experimentó una transformación estructural tras un extenso debate parlamentario. La Legislatura de Córdoba aprobó de forma definitiva la denominada “Ley Joaquín”, una normativa de orden público que establece un Régimen Provincial de Protección, Asistencia y Reparación para las personas que resulten víctimas de hechos delictivos en el territorio cordobés.

La sesión extraordinaria arrancó pasadas las 14:00 horas de este jueves bajo la dirección inicial de la vicegobernadora de nuestra provincia, Myrian Prunotto, siendo luego coordinada por el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas. El proyecto final se logró a partir de la unificación de una iniciativa enviada originalmente por el Poder Ejecutivo Provincial y la compatibilización de diversas propuestas presentadas por los legisladores Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.

Un momento de profunda carga emotiva e institucional se vivió en las gradas del recinto con la presencia de la familia de Joaquín Sperani: sus padres, Martín Sperani y Mariela Flores, junto a su hermano Nahuel Sperani, quienes presenciaron y celebraron la sanción de la ley en nuestra comunidad legislativa. Del mismo modo, participaron activamente del cónclave el secretario de Justicia de Córdoba, Leandro Goria; la subsecretaria de Asistencia a las Personas, Alicia Salusso; y representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Estrellas Amarillas.

Estándares mínimos de tutela: quiénes serán considerados víctimas bajo la nueva ley

La flamante estructura legal parte de una premisa técnica fundamental: los derechos de los damnificados deben ser operativos y exigibles de forma inmediata ante las autoridades, superando la antigua concepción de meras declaraciones retóricas. La «Ley Joaquín» unifica de forma transparente los criterios de actuación para los operadores judiciales y administrativos de nuestra región, obligándolos a reducir al mínimo las molestias derivadas del proceso penal y a implementar protocolos estrictos para evitar la revictimización de los afectados.

De acuerdo con el texto normativo aprobado, el Estado provincial reconocerá formalmente bajo la condición de víctima a:

• Ofendidos directos: La persona afectada de manera directa por la comisión o tentativa de un hecho delictivo.
• Círculo familiar directo: El cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos de la persona ofendida, en aquellos casos donde el delito haya provocado la muerte, desaparición o una afectación física o psíquica grave que impida el ejercicio personal de sus derechos.
• Representantes y apoyos legales: Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o curatela en casos donde las víctimas directas sean niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida.

Los organismos públicos de nuestra provincia estarán obligados a trabajar de forma coordinada, aplicando la debida diligencia profesional en las etapas de recepción de denuncias, investigación y juzgamiento, asegurando el intercambio oportuno de datos para neutralizar potenciales riesgos procesales o físicos.

Capacitación obligatoria para las fuerzas de seguridad y los operadores del Poder Judicial

Uno de los puntos más rigurosos de la reforma se concentra en el artículo que determina la obligatoriedad de la formación técnica y humanística de los agentes públicos. Los poderes Ejecutivo y Judicial deberán diseñar y ejecutar programas de capacitación periódica sobre el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas, con un fuerte enfoque interdisciplinario.

Esta instrucción obligatoria estará dirigida de forma directa al personal operativo de las fuerzas policiales y de seguridad de nuestra zona, los cuadros del Servicio Penitenciario Provincial, los operadores de los institutos socioeducativos de adolescentes (incluyendo las áreas del Complejo Esperanza), el personal de salud de los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos públicos, y la totalidad de los fiscales, defensores y magistrados con competencia penal y juvenil de nuestra provincia.

Los contenidos de los trayectos formativos integrarán de manera transversal los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la perspectiva de género, la interseccionalidad, el uso racional de la fuerza pública y la prohibición absoluta de torturas o tratos crueles, garantizando un trato sensible y profesional desde el primer contacto civil.