En un fallo histórico, la Justicia Federal condenó a una pareja y a su hijo por someter a una menor de edad a una unión forzada y múltiples formas de violencia. La investigación, liderada por Gendarmería Nacional, logró reconstruir el calvario de la víctima, quien fue trasladada por diversas provincias, incluida Córdoba, bajo un régimen de explotación y privación de la libertad.

Una red de sometimiento que recorrió varias provincias

Tras una compleja investigación que se extendió por más de un año, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dictó una condena de 10 años de prisión para los integrantes de una familia de la colectividad Romani. Se los halló culpables del delito de trata de personas, agravado por tratarse de una menor de edad, a quien obligaron a contraer un matrimonio de hecho y a asumir una maternidad forzada.

El caso salió a la luz en abril del año pasado tras una denuncia anónima al 911 en el departamento sanjuanino de Caucete. A partir de allí, la Gendarmería Nacional comenzó a desandar una trama de horror: la joven no solo estaba privada de su libertad, sino que era trasladada constantemente por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe para evitar ser detectada. Durante ese tiempo, la víctima sufrió violencia física, psicológica, explotación laboral y una severa restricción al sistema de salud y la alimentación.

El rol clave de Gendarmería y la justicia federal

Para lograr la condena, fue fundamental el trabajo coordinado entre la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan y las unidades de Gendarmería en nuestra provincia y el resto del país. El entrecruzamiento de información permitió a los investigadores reconstruir una línea temporal precisa de los hechos, estableciendo el rol que cada miembro de la familia captora cumplía en las etapas de sometimiento y traslado.

La investigación contó además con el soporte de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal fue determinante para que el tribunal sanjuanino aplicara la pena máxima solicitada, logrando así un precedente fundamental en la lucha contra el matrimonio infantil y la trata de personas en la región.

Un llamado a la prevención en nuestras comunidades

Este caso, que involucró operativos en nuestra zona cordobesa durante la fase investigativa, pone de manifiesto la vigencia y peligrosidad de las redes de trata que operan bajo fachadas culturales o uniones forzadas. La detección temprana a través de denuncias anónimas, como la que dio origen a esta causa, sigue siendo la herramienta más eficaz para rescatar a víctimas de situaciones de explotación extrema.

Desde Tiempo Regional, reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de estos fallos judiciales que buscan llevar justicia a las víctimas y alertar a la sociedad sobre estas realidades que, lamentablemente, cruzan las fronteras de todas las provincias argentinas.