El SPIQyP difundió un comunicado en el que rechaza los planteos de la empresa, denuncia decisiones unilaterales y reafirma su pedido de una salida negociada que permita reabrir la planta y preservar los puestos de trabajo.

Respuesta sindical al comunicado empresarial

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero y Zona (SPIQyP) difundió este viernes 19 de diciembre un comunicado oficial en respuesta a la carta abierta publicada días atrás por los directivos de Petroquímica Río Tercero, firmada por su presidenta y accionista mayoritaria, Verónica Vara.

El documento, suscripto por la Comisión Directiva del gremio, sostiene que la respuesta se hizo necesaria para evitar que, según expresan, “la falsedad agrave aún más la situación” que atraviesa la empresa desde octubre del año pasado.

Señalamientos sobre el cierre de la planta

En el texto, el sindicato afirma que el 14 de julio la empresa decidió de manera unilateral detener la actividad, avanzar con el despido de más de un centenar de trabajadores y presentar un concurso de acreedores, lo que derivó en el cierre de la planta industrial.

Desde el gremio aseguran que estas medidas se tomaron sin previo aviso y mientras se encontraba abierta una mesa de negociación por el pago de salarios adeudados, lo que agravó el conflicto laboral y social en la ciudad.

Pedido de negociación y rol de la Secretaría de Trabajo

El SPIQyP remarca que no impulsó medidas de fuerza, sino que recurrió a la Secretaría de Trabajo para solicitar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis y avanzar en la negociación de un convenio de crisis.

Según el comunicado, estas instancias se vieron interrumpidas por la empresa, que habría rechazado continuar con las discusiones vinculadas a la dotación mínima de personal y las condiciones necesarias para retomar la actividad productiva de manera segura.

Reclamo por la reapertura y la continuidad laboral

El sindicato reiteró que continuará insistiendo en una salida negociada, con el objetivo de lograr la reapertura de la fábrica, garantizar la continuidad laboral y resguardar los derechos de los trabajadores y sus familias.

En ese marco, el gremio remarcó el impacto social del conflicto, señalando que son más de 200 familias las afectadas directa o indirectamente por la paralización de la planta, y advirtió sobre las consecuencias económicas que el cierre definitivo tendría para Río Tercero y la región.

Expectativa por nuevas instancias de diálogo

Finalmente, desde el SPIQyP manifestaron su disposición a continuar participando de las audiencias previstas en el ámbito judicial y administrativo, y reclamaron que se respeten las instancias de negociación en curso como vía para destrabar el conflicto que mantiene paralizada a una de las industrias históricas de la ciudad.

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