El legislador provincial Mauricio Jaimes ingresó un proyecto de ley en la Unicameral de Córdoba orientado a prohibir la instalación de controles vehiculares por parte de la Policía Caminera cuando no respondan a criterios de prevención vial. La iniciativa legislativa busca que las inspecciones en las rutas provinciales se organicen bajo parámetros técnicos, estratégicos y de rotación para priorizar la seguridad de los automovilistas.
Criterio preventivo, ubicación estratégica y defensa del agente vial
En el texto presentado, el parlamentario departamental planteó la necesidad de regular de manera precisa la disposición de los puestos de control vial, exigiendo que su colocación obedezca a un relevamiento previo de los tramos de mayor siniestralidad o zonas de riesgo operativo. Jaimes aclaró que la postura no es contraria a la realización de controles de tránsito, sino al uso de las fiscalizaciones con objetivos de recaudación fiscal por encima de la prevención.
Asimismo, el legislador diferenció el rol de los agentes de la fuerza del de las autoridades de aplicación, señalando que el personal policial en ruta cumple directivas institucionales dispuestas por el Ejecutivo Provincial. «Queremos que la Policía Caminera y el Gobierno nos cuiden haciendo prevención. No estamos en contra de los controles, pero cuando se colocan sin criterio preventivo y no se tienen en cuenta las zonas de peligro, realmente es un abuso», argumentó el legislador.
El impacto en el flujo turístico y las rutas cordobesas
Por otra parte, Jaimes sostuvo que la percepción de severidad sin criterio preventivo en las rutas condiciona la llegada del turismo itinerante a la provincia de Córdoba. Según expresó, este factor se suma a otras variables económicas regionales, como la presión impositiva provincial y el costo del servicio eléctrico, desalentando el tránsito de visitantes por los valles turísticos.
Con el ingreso formal a la Unicameral, la propuesta será girada a las comisiones asesoras correspondientes para su discusión técnica y debate parlamentario, con la meta de modificar las normativas de tránsito vigentes y readecuar las funciones de la Policía Caminera.
