La diputada nacional cordobesa impulsa una reforma clave a la Ley 24.901 para consagrar los principios de universalidad e igualdad arancelaria. La iniciativa busca garantizar que todas las personas con CUD accedan a servicios de idéntica calidad, sin distinción de su situación socioeconómica.

Una reforma legislativa para frenar la incertidumbre en el sistema asistencial

El debate en torno a los derechos y la sustentabilidad del sistema de atención a las personas con discapacidad sumó un capítulo fundamental en el Congreso de la Nación, con una fuerte impronta de nuestra provincia. La diputada nacional cordobesa, Natalia de la Sota, presentó un proyecto de ley que busca blindar, bajo el principio de universalidad, la protección integral del nomenclador de prestaciones básicas en discapacidad, una herramienta técnica que regula la cobertura de los tratamientos y servicios esenciales en todo el territorio de la República Argentina.

La iniciativa introduce modificaciones directas sobre la estructura de la Ley N.° 24.901, actualmente vigente, con el objetivo prioritario de garantizar no solo la operatividad del nomenclador nacional, sino de consagrar con fuerza jurídica superior el principio de universalidad e igualdad de las asistencias. De este modo, se busca resguardar el acceso a las prestaciones de rehabilitación, educación y transporte para todas las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), eliminando cualquier tipo de diferenciación en la calidad del servicio motivada por la situación socioeconómica del titular dentro de nuestra región.

Política arancelaria única e igualdad de calidad para todos los beneficiarios

El núcleo duro de las innovaciones planteadas por la legisladora nacional establece pautas estrictas para evitar la fragmentación del sistema de salud y asistencia. El texto del proyecto determina de manera textual que “la universalidad deberá garantizarse de manera tal de asegurar el acceso integral a prestaciones, servicios de igual calidad, sin discriminación para todos los beneficiarios del Sistema, a través de una política arancelaria única”.

Esta unificación regulatoria apunta a que los valores de los aranceles sean fijados exclusivamente por acuerdo del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La normativa exige de forma perentoria que dichos montos sean exactamente iguales para todos los entes obligados por la ley —incluyendo obras sociales sindicales, empresas de medicina prepaga y el propio Estado—, impidiendo que el nivel de ingresos de una familia determine el tipo de terapia o transporte adaptado al que se puede acceder en nuestra ciudad de Almafuerte y localidades vecinas.

Sostén legal frente al progresivo abandono de la normativa vigente

Al fundamentar la propuesta legislativa, De la Sota se encargó de recoger el espíritu y los consensos de proyectos anteriores de similar tenor que habían perdido estado parlamentario en los últimos períodos de sesiones. En sus fundamentos, el escrito advierte con dureza sobre la realidad del sector, señalando de forma rigurosa que “frente a la actual incertidumbre que atraviesa el sistema de discapacidad y al progresivo abandono de la normativa que le brinda sustento, resulta necesario fortalecer el marco legal vigente, a fin de asegurar la efectiva concreción de los principios allí consagrados”.

La diputada fundamentó que la reforma es indispensable para dotar a las normativas de la operatividad necesaria que garantice una protección real, transparente y efectiva de los derechos de las personas destinatarias del sistema en nuestra zona. Desde Tiempo Regional, acompañamos y analizamos con detenimiento el tratamiento de estas leyes de fuerte sensibilidad social en nuestra provincia, entendiendo que asegurar la igualdad en el acceso a la salud y a la rehabilitación constituye una herramienta transparente, indispensable y directa para velar por la inclusión real y el resguardo de las familias más vulnerables de nuestra comunidad.