El legislador provincial solicitó explicaciones al Gobierno por la posible contratación de una empresa privada para servicios de seguridad en escuelas públicas durante 2024 y 2025.

Un pedido de informes que apunta a la transparencia

El legislador provincial Juan Pablo Peirone presentó un Pedido de Informes ante la Legislatura de Córdoba para que el Gobierno provincial explique si adjudicó servicios de seguridad privada en escuelas públicas a la empresa M3 S.R.L. durante los años 2024 y 2025, y bajo qué condiciones se realizó dicha contratación.

Según detalló el legislador, el objetivo es conocer cómo se contrató, cuánto se pagó, qué procedimientos administrativos se utilizaron y por qué se eligió a esa firma, de la cual —señaló— existe escasa información pública disponible.

Fondos educativos bajo la lupa

Peirone remarcó que se trata de fondos públicos destinados al sistema educativo, por lo que deben administrarse con criterios claros, transparentes y plenamente controlables. En ese sentido, advirtió que la falta de información o explicaciones vagas en este tipo de contrataciones no solo genera dudas, sino que debilita la confianza en la gestión pública.

“Cuando se trata de educación, no hay margen para la discrecionalidad ni para negocios entre pocos”, sostuvo el legislador, quien insistió en que cada peso del presupuesto debe poder explicarse.

Antecedentes de cuestionamientos a las licitaciones

El pedido de informes también pone el foco en un contexto más amplio. En los últimos años, el Gobierno de Córdoba ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades por licitaciones poco transparentes, procesos presuntamente direccionados, uso abusivo de contrataciones excepcionales y falta de publicidad efectiva de los actos administrativos.

Para Peirone, este escenario no es un hecho aislado, sino un problema estructural que requiere controles más firmes por parte de los órganos legislativos y de la ciudadanía.

Una pregunta que interpela a la comunidad educativa

En su planteo público, el legislador también dejó abierta una pregunta dirigida a la sociedad:
“¿Alguna vez vieron personal de seguridad privada en los colegios de la provincia?”, interrogante que busca dimensionar el alcance real de las contrataciones que se investigan.

“Controlar no es atacar”

Finalmente, Peirone sostuvo que el control institucional no debe interpretarse como una agresión política, sino como una obligación constitucional. “Gobernar no es ocultar información, controlar no es atacar y la transparencia no es un slogan, es una obligación”, afirmó.

El Pedido de Informes ahora deberá ser respondido por el Poder Ejecutivo provincial, que tendrá que brindar precisiones sobre las contrataciones cuestionadas y el uso de los recursos públicos vinculados al sistema educativo.