La medida rige por un año y habilita acciones excepcionales para garantizar el abastecimiento de energía, sostener la actividad económica y enfrentar la falta de dólares.
Decreto de emergencia por la crisis energética y económica
El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el país ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de dólares, una situación que llevó al Ejecutivo a habilitar medidas excepcionales por el plazo de un año para garantizar el abastecimiento y sostener la actividad económica.
La decisión fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira a través del Decreto Supremo 5517, que autoriza de manera extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector.
Importación privada y acceso a la infraestructura
Según informó el Ejecutivo, la medida apunta a mitigar el impacto de la crisis en la población, en un contexto marcado por la escasez de divisas y restricciones externas que afectan el normal abastecimiento de combustibles.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, señala el texto oficial.
Déficit extremo de diésel y alivio regulatorio
Uno de los ejes centrales de la emergencia responde al déficit extremo de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y sectores estratégicos de la economía boliviana.
En ese marco, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas, con el objetivo de agilizar su ingreso y distribución.
Facilidades aduaneras y plazos de implementación
El decreto también establece el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, buscando reducir los cuellos de botella en el abastecimiento interno y facilitar la llegada del combustible al país.
Asimismo, se instruyó a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en un plazo de hasta 15 días.
