El panorama en Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio continúa siendo crítico y moviliza la atención de la comunidad internacional. En el último balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se confirmó que la cifra de personas fallecidas ascendió a 5.069, superando el conteo anterior que registraba 4.930 víctimas mortales a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter.
La emergencia habitacional y humanitaria es extrema. De acuerdo con el informe gubernamental, un total de 21.235 personas permanecen alojadas y siendo atendidas en 107 campamentos provisorios, mientras que la cifra de ciudadanos que se han quedado formalmente sin vivienda alcanza las 17.907 personas. Asimismo, las autoridades informaron que ya se ha brindado asistencia a 128.324 familias afectadas, en tanto que la plataforma civil Desaparecidos Terremoto Venezuela reportó que 29.894 personas siguen sin ser localizadas, una estadística que se mantiene estable desde hace una semana. El fenómeno geológico sigue generando inestabilidad, registrándose 1.331 réplicas desde el evento principal; la más intensa ocurrió el pasado 10 de julio con una magnitud de 3,9 en el estado La Guaira, la región más golpeada por el desastre.
Cooperación internacional con la Unión Europea y evaluación técnica de viviendas en La Guaira
Frente a la magnitud de los daños materiales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo una reunión clave con la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. El encuentro tuvo como eje central revisar la cooperación internacional desplegada inmediatamente después de los sismos y coordinar el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea para la compleja etapa de recuperación. La agenda bilateral apunta a estructurar planes de contingencia conjuntos para la reconstrucción de las zonas residenciales e industriales colapsadas por el doble sismo.
En paralelo, en el estado de La Guaira se puso en marcha un sistema de clasificación técnica por «semáforos» para determinar el estado real de la infraestructura. El gobernador de dicha región, José Alejandro Terán, aseguró que el 49% de las 2.400 viviendas y edificaciones inspeccionadas hasta el momento por la comisión presidencial fue declarado completamente habitable (semáforo verde).
Por otra parte, un 28% de los inmuebles quedó encuadrado en semáforo amarillo, lo que significa que las familias requieren reparaciones previas de mampostería antes de poder regresar de forma segura. El 22% restante permanece en semáforo rojo y será sometido a profundos estudios de ingeniería para determinar si se refuerza estructuralmente o se procede a la reubicación definitiva de los habitantes. En la localidad de Brisas de Maiquetía ya comenzaron los trabajos de rehabilitación en 20 torres que contienen 600 departamentos afectados, una obra que beneficiará directamente a 659 familias (unas 3.041 personas) que hoy se encuentran fuera de sus hogares.
La Unesco evalúa daños en el patrimonio histórico y el sector constructor propone una fuerte tregua fiscal
La crisis también alcanzó al valioso acervo cultural y educativo del país. Una delegación oficial de la Unesco visitó las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) —declarada Patrimonio Mundial en el año 2000— para evaluar las afectaciones edilicias tras el doble sismo. La recorrida de inspección incluyó sitios icónicos como la Plaza del Rectorado, la Plaza Cubierta, el Aula Magna y la Biblioteca Central. Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, destacó el valor ecuménico de la UCV como representación del genio humano, mientras que el embajador venezolano ante el organismo, Ernesto Villegas, agradeció la inmediata respuesta técnica para planificar una recuperación integral del campus.
Ante la urgencia de soluciones habitacionales, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), presidida por Gustavo García Carrasquero, presentó una batería de propuestas económicas y operativas para acelerar el proceso de reconstrucción. Entre las principales medidas, el gremio planteó la entrega de subsidios directos a los compradores damnificados mediante un certificado digital para que puedan seleccionar libremente al promotor inmobiliario encargado de su nueva vivienda.
Asimismo, la CVC propuso crear una comisión técnica multidisciplinaria con ingenieros, universidades y organismos estatales para evaluar la seguridad de los urbanismos afectados, e impulsar alianzas público-privadas para culminar proyectos habitacionales paralizados. En materia económica, solicitaron la exoneración de impuestos en la transferencia de inmuebles destinados a las víctimas, la eliminación temporal del IVA para los materiales de construcción de producción nacional, arancel cero para la importación de maquinaria pesada y una reducción temporal del encaje legal coordinada con el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para dinamizar el crédito.
