La diputada nacional Natalia de la Sota presentó hoy una denuncia penal ante la Justicia Federal de Córdoba contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, acusándolo de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras ignorar un fallo que le ordenaba regularizar de forma urgente los pagos y las prestaciones destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.
Incumplimiento de la sentencia y plazos vencidos en la Justicia Federal
La presentación judicial, que cuenta con el patrocinio letrado de los abogados Marta Lastra y Félix López Amaya, se formalizó en el ingreso a la sede de los Tribunales Federales ubicados en el barrio Rogelio Martínez de la capital provincial. La medida extrema se tomó luego de constatarse que el Ministerio de Salud de la Nación hizo caso omiso a la sentencia firme dictada a finales de junio, la cual intimaba al funcionario nacional a reactivar de manera inmediata la cobertura asistencial de los programas INCLUIR Salud y PAMI.
La resolución original tiene su raíz en un amparo colectivo impulsado en el mes de mayo, ante el cual el juez federal Hugo Vaca Narvaja hizo lugar dictando una medida cautelar a favor de los damnificados. A pesar de que la sentencia definitiva fue debidamente notificada bajo apercibimiento y otorgaba un plazo perentorio de 72 horas hábiles para la puesta en marcha de los giros económicos, dicho término venció hace ya una semana sin que la cartera sanitaria nacional modificara su postura de congelamiento de fondos.
El impacto del ajuste en la región y la estrategia del Gobierno nacional
Al respecto, De la Sota se mostró tajante en sus declaraciones al señalar el desfinanciamiento sistemático que sufre este sector vulnerable por parte de la administración central. «El Gobierno de Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad; por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones que no se están cumpliendo. Creo que todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente», enfatizó la legisladora cordobesa.
De acuerdo a lo consignado en la causa, el colectivo de beneficiarios viene sufriendo el corte total de sus coberturas esenciales desde el inicio del año corriente, registrándose suspensiones totales de pagos en algunos casos desde diciembre de 2025 y en otros desde febrero de 2026. Frente a los insistentes reclamos de las familias afectadas en toda la provincia, el Estado nacional optó por la vía de la dilación judicial, habiendo interpuesto hasta la fecha un total de cinco recursos técnicos —tres de apelación y dos de queja—, lo que terminó por agotar las instancias administrativas y motivó esta nueva denuncia penal por desoír las órdenes emanadas por el magistrado interviniente.
