El hermano del rey Carlos III fue arrestado en el marco de una investigación por presunta mala praxis en un cargo público relacionada con su vínculo con Jeffrey Epstein. La policía registró propiedades en Berkshire y Norfolk.
Investigación por presunta mala conducta en función pública
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fue arrestado en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en relación con su vínculo con el financista Jeffrey Epstein.
Según informó la BBC y confirmó la policía británica, la causa se centra en la información que el entonces duque de York habría proporcionado en 2010 al empresario estadounidense mientras se desempeñaba como enviado especial para el comercio del Gobierno británico.
Las autoridades identificaron al detenido como “un hombre de unos 60 años de Norfolk” bajo sospecha de mala praxis en función pública y realizaron registros en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk.
Los archivos publicados por Estados Unidos
De acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump, se conocieron correos electrónicos en los que el príncipe Andrés enviaba, a través de intermediarios, información considerada confidencial del Gobierno británico a Jeffrey Epstein.
Entre los datos mencionados figuran referencias a un acuerdo entre el banco Royal Bank of Scotland y la automotriz Aston Martin, además de informes vinculados a Vietnam, Singapur y China, en el marco de su actividad oficial.
La revelación de estos intercambios profundizó el escándalo que desde hace años rodea la relación del miembro de la familia real con el magnate financiero, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019.
Repercusiones en la familia real británica
En medio de la presión pública, de víctimas y de sectores políticos, el rey Carlos III resolvió retirarle a su hermano los títulos reales, incluido el de príncipe, y dispuso su traslado a una residencia más pequeña dentro del complejo de Sandringham, en el este de Inglaterra.
La investigación continúa en curso y las autoridades británicas no descartan nuevas medidas en el marco del proceso judicial.
El caso vuelve a colocar a la monarquía británica en el centro de la polémica internacional, en un contexto de creciente escrutinio público sobre la transparencia y el comportamiento de sus miembros.
