La iniciativa surgida del Consejo de Mayo propone reglas estrictas de equilibrio presupuestario, control legislativo y sanciones penales para funcionarios que incumplan las normas fiscales.
Reglas fiscales y prohibición de presupuestos deficitarios
La propuesta de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, elaborada en el marco del Consejo de Mayo, establece un conjunto de mecanismos para garantizar el equilibrio presupuestario y evitar el déficit en la Administración Nacional.
El Título I fija una regla central: el Presupuesto General deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario. Esto implica, de forma explícita, que queda prohibida la sanción de un presupuesto deficitario.
En caso de que la ejecución del gasto registre una caída de los ingresos o un aumento de las erogaciones que ponga en riesgo el equilibrio, el Jefe de Gabinete podrá aplicar un Mecanismo de Ajuste, previa presentación de un Informe de Sustentabilidad Fiscal. Las reducciones deberán aplicarse primero sobre las partidas no sujetas a mínimos legales.
Además, ningún funcionario podrá asumir compromisos de gasto no autorizados ni ejecutar fondos sin respaldo presupuestario. También se prohíbe al Poder Ejecutivo solicitar al Banco Central adelantos transitorios para financiar gasto primario.
Control legislativo y nuevas exigencias para proyectos de ley
Para evitar que iniciativas legislativas generen aumentos en el gasto sin financiamiento, el proyecto incorpora la figura del Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo. Este documento será obligatorio para que cualquier proyecto que implique erogaciones pueda ser tratado en comisión.
El informe deberá detallar el impacto fiscal y la fuente de recursos que permita cumplir con la regla de equilibrio. Además, se incorpora la Vigencia Diferida: toda ley que cree o aumente gastos sin estar prevista en el presupuesto entrará en vigor recién cuando se incorporen las partidas correspondientes en el ejercicio siguiente.
Solo se exceptuarán de esta regla las normas que acrediten financiamiento concreto, específico y suficiente, sin comprometer el resultado financiero positivo.
Nulidad y sanciones penales para quienes violen las reglas fiscales
El proyecto establece un marco de sanciones inédito, tanto administrativas como penales. Cualquier norma dictada en violación de estas disposiciones será considerada nula de nulidad absoluta e insanable.
Además, se suman figuras penales específicas:
- Gasto irregular: prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para el funcionario que incremente o modifique el gasto público sin recursos debidamente acreditados.
- Emisión irregular: prisión de 3 a 10 años e inhabilitación para autoridades del Banco Central que ordenen o ejecuten emisión monetaria fuera de las reglas de su Carta Orgánica.
Con este marco, el Gobierno busca institucionalizar un esquema de disciplina fiscal permanente, fortalecer la previsibilidad económica y limitar la discrecionalidad en el manejo del gasto y la emisión monetaria.
