El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801. La normativa, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 875/2026, alcanza a los adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por la comisión de un hecho tipificado como delito. El texto fija como objetivo central fomentar el sentido de responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social.
Creación del Comité Interministerial y alcance de la normativa
Mediante el decreto reglamentario, el Ministerio de Justicia fue designado como la Autoridad de Aplicación en el ámbito nacional y federal. En ese marco, se dispuso la creación del Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como un dispositivo permanente de articulación entre diversas carteras del Estado.
Este comité estará integrado por representantes del Ministerio de Justicia —que ejercerá la coordinación—, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud. Entre sus funciones principales se destacan la elaboración de lineamientos comunes en prevención y reinserción, el intercambio de información técnica y estadística, y la coordinación operativa para la ejecución de las penas previstas en la ley.
Mesa Federal y coordinación con las provincias
Con el propósito de unificar criterios con las jurisdicciones subnacionales, la reglamentación contempla la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Este organismo funcionará como un espacio de articulación permanente entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando además con representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General.
La Ley 27.801 había sido sancionada el 27 de febrero y publicada en marzo, estableciendo un plazo de 180 días para su entrada en vigencia. Con la publicación del Decreto 875/2026, el esquema normativo y reglamentario comenzará a regir de manera conjunta para garantizar la aplicación del sistema penal juvenil en todo el territorio nacional.
