La iniciativa de modernización laboral impulsada por Javier Milei obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora pasará a Diputados, donde el oficialismo busca convertirla en ley antes del 27 de febrero.

Un triunfo legislativo para el oficialismo

El Gobierno nacional logró un contundente triunfo en el Senado al aprobar el proyecto de modernización laboral por 42 votos contra 30, una de las principales iniciativas que el presidente Javier Milei impulsa para fomentar la creación de empleo formal y reformar el sistema laboral argentino.

Con esta media sanción, la norma será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a tratarla y votarla antes del 27 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias.

La votación contó con el respaldo de los 20 senadores de La Libertad Avanza (LLA), 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y legisladores de bloques provinciales como Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y el Frente Cívico.

El respaldo de gobernadores

El oficialismo sumó el apoyo político de varios mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llayora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).

En tanto, el rechazo estuvo encabezado por el interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que reunió 28 votos negativos, a los que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

Durante el tramo final de la sesión estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Qué establece la reforma laboral

El proyecto aprobado contempla:

• Incentivos fiscales para promover el empleo formal.
• Topes a las indemnizaciones por despido.
• Creación del Banco de Horas.
• Habilitación de convenios colectivos por empresa.
• Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
• Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos.

El FAL será financiado con el 1% de las contribuciones patronales de grandes empresas destinadas a la Anses y el 2,5% en el caso de las Pymes, uno de los puntos más cuestionados incluso por legisladores que acompañaron la norma en general, como la cordobesa Alejandra Vigo.

En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó modificaciones impulsadas por el peronismo. En el capítulo referido a los aportes sindicales, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que los aportes obligatorios a gremios sean voluntarios. En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en la votación general.

Se estableció además un tope del 2% para los aportes sindicales y del 0,5% para las cámaras empresariales.

Negociaciones y anexos de último momento

A último momento, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al no poder tratarlo como proyecto independiente dentro del temario habilitado.

En cuanto al pago de salarios, se resolvió que solo las entidades bancarias podrán abonar sueldos, salvo que las billeteras virtuales se adecuen a las normas del Banco Central.

Respecto al INCAA, se mantendrá hasta 2028 el actual esquema de financiamiento con el 10% del valor de las entradas de cine, 10% de la venta o alquiler de contenidos audiovisuales y el 25% de la recaudación del ENACOM; luego se sostendrá con partidas presupuestarias nacionales.

Un debate de más de 15 horas

La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes y se extendió durante más de 15 horas. La votación en general se realizó a la 1.20 de la madrugada y el debate en particular finalizó minutos antes de las 4.

En el cierre, la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que el actual régimen laboral forma parte de una “legislación obsoleta” que mantiene al país “anclado en el pasado”.

Desde la oposición, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y aseguró que “va a fracasar”. “Viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día”, advirtió.

El senador libertario Juan Cruz Godoy sostuvo que la reforma busca reducir “el miedo de los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”, mientras que el peronista Mariano Recalde afirmó que la norma “no está pensada para generar trabajo”.

Por su parte, la radical Carolina Losada aseguró que con la reforma “va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones” al ampliar la base de trabajadores registrados.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, esta reforma laboral se convierte en uno de los proyectos centrales del Gobierno luego de la Ley Bases sancionada en 2024, en un escenario de fuerte debate político y económico que ahora se trasladará a la Cámara baja.