La abogada Marta Lastra presentó un escrito ante la Justicia Federal de Campana donde acusa al Gobierno nacional de dilatar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y pidió la ejecución de la sentencia.

Denuncia ante la Justicia Federal

La abogada y referente en materia de discapacidad del espacio Defendamos Córdoba, Marta Lastra, denunció formalmente el incumplimiento del fallo judicial que ordenó al Gobierno nacional implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

En el escrito, Lastra solicitó la ejecución de la sentencia, al considerar que el Poder Ejecutivo nacional no avanzó en las medidas dispuestas por la Justicia, pese al tiempo transcurrido desde el fallo.

Acusaciones por maniobras dilatorias

Lastra, abogada especialista en discapacidad, madre de un niño con discapacidad, integrante de la Fundación Familias CEA y una de las actoras del amparo colectivo que derivó en la sentencia, sostuvo que el Gobierno que encabeza Javier Milei incurre en “maniobras dilatorias” para evitar cumplir con lo ordenado judicialmente.

Según planteó, el accionar oficial “tiende a continuar con el atentado en contra del colectivo de la discapacidad, los prestadores, instituciones, transportistas, ONG y federaciones de ONG”, sectores que atraviesan una situación crítica.

La reglamentación como excusa

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a que el Ejecutivo argumentó que debía reglamentar la ley para avanzar en su aplicación. Frente a esto, Lastra fue categórica al afirmar que dicha reglamentación no resulta imprescindible para comenzar a ejecutar medidas urgentes.

“No resulta imprescindible la tan retardada reglamentación, ya que con ordenar las facilidades impositivas a las instituciones cuya situación financiera y fiscal las está llevando al cierre, resulta una acción concreta”, sostuvo en el escrito.

Pensiones y actualización de valores

La presentación judicial también cuestiona la falta de avances en otros aspectos clave, como la restitución de pensiones no contributivas dadas de baja y la actualización del nomenclador en el porcentaje mínimo establecido por la normativa.

“Tampoco resulta difícil autorizar las altas de las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, como tampoco actualizar el nomenclador”, remarca la denuncia, que considera que la ausencia de reglamentación es “solo una excusa dilatoria y amenazante”.

Posible llegada a la Corte Suprema

Finalmente, Lastra dejó expresamente planteada la reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario, en caso de persistir el incumplimiento del fallo.

La causa se inscribe en un contexto de fuerte preocupación por parte de familias, prestadores e instituciones vinculadas a la discapacidad, que advierten sobre el impacto social y sanitario que genera la falta de aplicación efectiva de la ley.