El ministro de Seguridad acusó a representantes del Frente Cívico de obstruir una licitación para la Policía de Córdoba y pidió que la Justicia determine si hubo delitos.
Denuncia judicial con aval del gobernador
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó este viernes que presentó una denuncia judicial contra los vocales del Tribunal de Cuentas identificados con el Frente Cívico, a quienes acusa de haber obstruido de manera irregular una licitación para la adquisición de un sistema integral de drones destinado a la Policía provincial.
La decisión cuenta con el aval político del gobernador Martín Llaryora y apunta a que sea la Justicia la que determine si existieron responsabilidades penales en el accionar de los funcionarios denunciados.
“Todo tiene un límite”, afirmó Quinteros
Quinteros explicó que la presentación judicial se realizó porque “todo tiene un límite” y cuestionó lo que consideró una estrategia de “infamia, injuria y desprestigio” en torno a una compra pública que, según aseguró, cumplió con todos los requisitos legales.
“No hubo traje a medida, no hubo compra directa. Se trató de una licitación pública para un sistema integral de seguridad, autorizado y exigido por la normativa vigente”, afirmó el ministro.
Los funcionarios denunciados y los delitos investigados
La denuncia está dirigida contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, y la vocal María Fernanda Leiva, a quienes Quinteros acusa de una extralimitación de funciones al bloquear el avance del expediente.
En concreto, solicitó que se investigue si incurrieron en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir una contratación valuada en 6,8 millones de dólares.
Cuestionamientos a las acusaciones públicas
El ministro subrayó que en los votos formales del Tribunal no se objetó el monto de la contratación ni se dejaron asentadas las acusaciones que luego fueron difundidas públicamente.
“Después, en los micrófonos, se habló de corrupción, fraude y sobreprecios. Eso no está en el expediente. Por eso entendimos que la forma correcta de resolver esto es que intervenga un fiscal”, explicó.
Defensa de la inversión en tecnología
Quinteros defendió la necesidad de incorporar tecnología de última generación para enfrentar delitos cada vez más complejos, especialmente vinculados al narcotráfico y al contrabando.
En ese marco, mencionó operativos recientes en los que bandas criminales utilizaron drones con visión nocturna y equipamiento avanzado, y advirtió que “no se puede combatir ese nivel de organización con herramientas obsoletas”.
Sobre la licitación y las empresas participantes
El funcionario también rechazó los cuestionamientos sobre la cantidad de empresas capacitadas para prestar el servicio. Detalló que la licitación fue ganada por una UTE integrada por una empresa cordobesa, vinculada a ex integrantes de la Fuerza Aérea, con trayectoria desde 2007 en el desarrollo de sistemas de drones y con convenios estratégicos con Fadea y el Estado nacional.
Críticas al Frente Cívico y cierre del conflicto
En sus declaraciones, Quinteros acusó al Frente Cívico de “hacer politiquería” y priorizar la discusión mediática por sobre el análisis técnico. “La seguridad de los cordobeses no puede quedar atrapada en el barro de una disputa política anticipada”, sostuvo.
Finalmente, remarcó que la intervención judicial permitirá llevar tranquilidad a la ciudadanía y despejar dudas sobre el uso de los fondos públicos. “Queremos que quede claro quién actuó conforme a la ley y quién no. La seguridad es una inversión, no un gasto, y Córdoba no puede resignar herramientas clave frente a una delincuencia con recursos ilimitados”, concluyó.
