El juez Ariel Lijo llamó a declarar a exfuncionarios y empresarios en la causa que investiga una red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre los citados aparece el ex titular Diego Spagnuolo, ya procesado por fraude al Estado y cohecho. Se dictó la inhibición general de bienes para todos los involucrados.
Un entramado de corrupción que golpea al erario público
La Justicia Federal dio un paso decisivo en la investigación sobre presuntas maniobras ilícitas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, citó a indagatoria a 29 personas, siguiendo el pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. La causa busca desarticular lo que se describe como una organización dedicada a generar sumas millonarias de manera ilegal en perjuicio del Estado.
Según el magistrado, se sospecha que esta estructura fue diseñada para desviar fondos públicos que tenían como destino original las prestaciones de salud y servicios para personas con discapacidad. Las maniobras bajo la lupa habrían implicado una fuga de más de $75.000 millones, dinero que habría terminado en manos de un reducido grupo de empresarios y exfuncionarios.
Exfuncionarios y empresarios en la mira judicial
El cronograma de declaraciones comenzará el próximo 28 de abril y se extenderá hasta el 26 de mayo. Entre los nombres más resonantes de la lista se encuentra el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado por delitos de cohecho activo, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude. También fueron citados Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como el presunto nexo entre el organismo y los laboratorios.
La causa no solo apunta a los rostros políticos, sino que pone el foco en más de 20 empresarios que habrían formado parte de este entramado de corrupción. Para garantizar que el Estado pueda recuperar parte de lo sustraído, el juez Lijo decretó la inhibición general de bienes para todas las personas y empresas involucradas, evitando así que puedan desprenderse de activos que podrían ser fruto del delito.
El impacto de la causa en la transparencia institucional
Para la opinión pública y los vecinos de nuestra región, este caso resulta particularmente sensible dado que los fondos en cuestión pertenecen a un área crítica del sistema sanitario y social. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la organización operaba de manera aceitada para favorecer a ciertas droguerías y laboratorios a cambio de retornos ilegales.
Desde Tiempo Regional, seguiremos el avance de las indagatorias durante los meses de abril y mayo. Esta causa se presenta como una de las más voluminosas del año en materia de corrupción administrativa, exponiendo cómo el desvío de recursos públicos afecta directamente la calidad de vida de miles de argentinos que dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad para sus tratamientos y asistencia diaria.
