En una resolución judicial de enorme trascendencia social que lleva alivio a miles de familias en nuestra provincia, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva entablada contra el programa estatal Incluir Salud y la obra social PAMI. La sentencia recaída ordena formalmente a ambas entidades regularizar y mantener al día, de forma inmediata, la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas, resguardando la continuidad de tratamientos esenciales en nuestra región.

Un amparo colectivo frente al impacto del ordenamiento presupuestario

El amparo fue promovido originalmente por la abogada Marta Lastra, referente de la organización «Defendamos Córdoba» para temas de discapacidad. Al dictar sentencia, el juez federal Miguel Vaca Narvaja fue categórico al señalar que el Estado Nacional no puede esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir obligaciones elementales que se encuentran pendientes desde diciembre del año pasado en varios de los casos constatados, desatendiendo de este modo los derechos fundamentales de un colectivo altamente vulnerable. El magistrado advirtió, además, que perseverar en esta conducta omisiva generará responsabilidades civiles y penales a los funcionarios ejecutores.

Debido a que la medida judicial fue aceptada con alcance colectivo, el fallo no solo beneficia a los demandantes particulares, sino que extiende su protección jurídica a miles de beneficiarios en idéntica situación de desprotección. Esto resulta vital para sostener la sustentabilidad financiera de los hogares institucionales, los centros de día y los profesionales independientes que asisten diariamente a los pacientes en nuestra zona, evitando el colapso de un sistema civil que brinda contención directa en nuestra comunidad.

Demoras crónicas y el freno judicial a los recortes en tratamientos de salud

La flamante resolución judicial viene a dirimir un grave conflicto prestacional que se venía arrastrando con fuerza desde finales de 2025, derivado de las irregularidades en el flujo de fondos estatales y el incumplimiento por parte del Gobierno de Javier Milei de las pautas fijadas en la Ley de Emergencia en Discapacidad. Durante la instrucción de la causa, el magistrado federal constató retrasos crónicos de hasta cinco meses en la cancelación de los servicios que ya habían sido efectivamente brindados por las instituciones y profesionales de la salud.

En los fundamentos del fallo, Vaca Narvaja remarcó que «la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país» y enfatizó que los circuitos burocráticos y las políticas de control fiscal estricto no pueden ejecutarse a expensas de la continuidad de los tratamientos médicos crónicos. El documento judicial conmina al Ministerio de Salud a cesar con las demoras injustificadas —calificadas como actos arbitrarios e ilegales— y ordena a Incluir Salud y a PAMI a normalizar las partidas financieras de manera urgente e ininterrumpida, garantizando el goce efectivo de los derechos y resguardando la dignidad humana de los habitantes de nuestra provincia.