En un paso estratégico clave para combatir las estructuras del crimen organizado y el narcomenudeo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el proyecto de la denominada «Ley Antibúnker y Antiaguantaderos». Esta nueva iniciativa legislativa busca dotar al Estado de una herramienta jurídica ágil y específica para actuar de manera directa sobre propiedades inmuebles que sean utilizadas para actividades ilícitas o que, debido a su estado de abandono, representen un peligro latente para la seguridad pública y la convivencia pacífica en nuestra provincia.
Intervención temprana en propiedades abandonadas y búnkeres de drogas
El proyecto de ley establece un régimen articulado entre los ámbitos administrativo y judicial que permitirá a las fuerzas de seguridad y a las autoridades competentes proceder con celeridad y proporcionalidad. La normativa está diseñada para intervenir no solo en búnkeres destinados de forma exclusiva a la comercialización de estupefacientes o en «aguantaderos» que sirvan de guarida para delincuentes, sino también sobre aquellos edificios desocupados o en avanzado estado de deterioro material que faciliten la comisión de robos y generen focos de vulnerabilidad para los vecinos de nuestra región.
Para garantizar la eficacia del proceso sin vulnerar las garantías constitucionales, se prevé un protocolo de intervención temprana. Este mecanismo incluye la confección de actas de constatación rigurosas e informes técnicos de habitabilidad, permitiendo la aplicación de medidas preventivas inmediatas tales como el cerramiento perimetral, el tapeado de aberturas, la clausura provisoria o el bloqueo total de accesos. En los casos de mayor complejidad delictiva, especialmente los ligados al narcotráfico, las fiscalías y juzgados correspondientes tendrán la potestad de ordenar de forma expresa el desalojo de los ocupantes ilegales, la demolición de las estructuras edilicias levantadas para el comercio de drogas o la restitución inmediata del bien a sus legítimos propietarios.
Financiamiento para la FPA y articulación con los municipios de nuestra zona
Otro de los pilares fundamentales de la propuesta legislativa radica en la asfixia económica a las bandas criminales, estableciendo que los bienes decomisados y los recursos financieros recuperados en las causas de narcotráfico sean reinvertidos de manera directa en el sistema de seguridad de nuestra provincia. De acuerdo con el esquema de distribución fijado, el 60% de estos fondos se destinará de forma exclusiva al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará los programas de prevención y adicciones coordinados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Asimismo, la ley contempla la creación de la Unidad Interagencial y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que centralizarán la base de datos y coordinarán las acciones de control entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba y las administraciones locales. En este sentido, la Provincia invitó de manera formal a los municipios y comunas de nuestra zona a adherir a este innovador régimen legal mediante la firma de convenios de cooperación mutua. Esta descentralización operativa resultará vital para ejecutar las intervenciones directas en los territorios urbanos, logrando así recuperar espacios públicos críticos para el disfrute y la tranquilidad de toda nuestra comunidad.
