El legislador Juan Pablo Peirone presentó un proyecto en la Unicameral para que el Estado recupere los gastos derivados de operativos de seguridad por amenazas falsas. La iniciativa establece que los autores de estas conductas, o sus padres en caso de menores, deberán resarcir económicamente el despliegue de policías, bomberos y servicios de emergencia.

Un freno económico a las falsas alarmas escolares

La Legislatura de la Provincia de Córdoba analiza un proyecto de ley que busca poner fin a la gratuidad de las conductas irresponsables que afectan el normal dictado de clases. La iniciativa, presentada por el legislador Juan Pablo Peirone, propone la creación de un régimen administrativo para que el Estado pueda determinar, cuantificar y recuperar los costos públicos de los operativos de seguridad generados por amenazas de bomba o riesgos simulados en establecimientos educativos.

«En Córdoba estamos normalizando algo que no debería pasar», argumentó Peirone. El legislador señaló que cada vez que se activa un protocolo por una amenaza —aunque resulte falsa— se movilizan fuerzas de seguridad, brigadas de explosivos y servicios de emergencia, generando un gasto millonario que actualmente es absorbido por todos los contribuyentes. Con esta ley, el objetivo es que quien genera el daño, se haga cargo de las consecuencias.

Responsabilidad de los padres y naturaleza resarcitoria

Uno de los puntos centrales del proyecto (Artículo 4°) es la determinación de los sujetos responsables. La ley establece que deberán responder económicamente los autores de las amenazas y, en el caso de ser menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre sus padres, tutores o representantes legales, bajo el régimen de responsabilidad parental vigente.

Es importante destacar que el proyecto aclara que la naturaleza de este régimen es estrictamente resarcitoria y no sancionatoria. Esto significa que no reemplaza ni anula las posibles causas penales o contravencionales que puedan corresponder por «Intimidación Pública», sino que corre por una vía administrativa independiente con el único fin de recuperar el dinero del erario público invertido en el despliegue.

Gastos recuperables y destino de los fondos

La normativa detalla que los gastos que el Estado podrá reclamar incluyen: intervención policial, brigadas especiales, servicios sanitarios, dispositivos de evacuación, peritajes y eventuales daños materiales en bienes públicos. La Autoridad de Aplicación (Ministerio de Justicia y Trabajo) será la encargada de consolidar las liquidaciones de gastos presentadas por los ministerios de Seguridad, Salud y Educación.

Un aspecto relevante para la comunidad educativa de Almafuerte y la zona es el destino de lo recaudado. Según el Artículo 13°, los fondos recuperados serán afectados exclusivamente a:

• Programas de prevención de violencia en entornos escolares.
• Fortalecimiento de dispositivos de seguridad educativa.
• Programas de salud mental en el ámbito escolar.

Una respuesta a la problemática local

Este proyecto llega en un momento de alta sensibilidad en nuestra ciudad, donde recientemente se han registrado allanamientos y procedimientos vinculados a amenazas contra instituciones educativas. La iniciativa legislativa busca desalentar estas prácticas que no solo interrumpen el derecho a la educación, sino que generan una profunda alarma social en las familias.

Desde Tiempo Regional, seguiremos de cerca el tratamiento de esta ley en la Unicameral, entendiendo que representa una herramienta necesaria para proteger los recursos públicos y devolver la tranquilidad a las aulas de nuestro departamento. «La Provincia no puede naturalizar que se interrumpan clases y se genere alarma social sin que exista reparación», concluyó Peirone en los fundamentos de la norma.