El estudio de la organización internacional revela que cuatro de cada diez menores de edad viven en hogares pobres en la Argentina, consolidando el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, la falta de consolidación económica y la brecha cambiante entre ingresos y canastas básicas amenazan con revertir la tendencia en esta primera mitad del año.

La radiografía del impacto monetario y las proyecciones de riesgo para este año

El panorama social de nuestro país muestra una dualidad marcada por una mejora temporal reciente y la latente amenaza de un retroceso inmediato. De acuerdo con el último informe presentado por UNICEF Argentina, titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños, la pobreza infantil registró una baja hacia el segundo semestre de 2025, ubicándose en el 42,3%. Este indicador representa el nivel más bajo alcanzado desde el año 2018, lo que significó que 5,1 millones de menores vivieran en estructuras vulnerables, logrando un descenso frente a los 6,3 millones reportados en el período de 2024.

A pesar de este alivio estadístico, el organismo internacional encendió las alarmas globales respecto al comportamiento económico del actual período de 2026. Las proyecciones técnicas para el primer semestre estiman que la tendencia a la baja podría revertirse de forma parcial de manera inminente, proyectando una suba que posicionaría la pobreza infantil en torno al 44,4%. Según detalla la investigación con base en datos oficiales, la evolución del mercado laboral, el poder adquisitivo de los ingresos familiares frente al costo de las canastas básicas y la cobertura de las transferencias sociales locales serán los factores determinantes para contener o acelerar este repunte en nuestra región.

Desigualdad estructural: El peso de la educación, el género y las privaciones de derechos

La vulnerabilidad no afecta a todos los hogares con la misma intensidad, dejando al descubierto profundas brechas estructurales que condicionan el futuro de nuestra comunidad. El documento expone con crudeza que en aquellos núcleos familiares donde el nivel educativo del adulto de referencia es bajo, el índice de pobreza escala de forma automática al 68%, y trepa de forma alarmante al 74,8% cuando dicho referente se encuentra desocupado. Asimismo, la problemática se agudiza bajo una perspectiva de género: cuando el hogar es sostenido de manera exclusiva por una mujer, la pobreza infantil impacta de forma directa al 52,8% de los niños y adolescentes.

Por fuera de las mediciones puramente monetarias, el informe revela datos alarmantes sobre las estrategias de subsistencia de las familias y las privaciones fundamentales:

  • Estrategias de ahogo financiero: Siete de cada diez hogares con menores de edad debieron recurrir en el último tiempo a mecanismos de auxilio económico para complementar sus ingresos, tales como el endeudamiento, la venta de pertenencias y la solicitud de fiado en comercios barriales.
  • Privaciones no monetarias: El 42,8% de las infancias de nuestro país padece al menos una privación estructural vinculada a derechos básicos insatisfechos, afectando directamente dimensiones esenciales como la vivienda digna, el saneamiento, el acceso al agua potable, el hábitat, la educación o la protección social efectiva.
  • El rol de la asistencia estatal: El relevamiento destaca que el índice de indigencia en niños y niñas (que se ubicó en el 9,4% en el cierre de 2025) hubiese sido seis puntos porcentuales mayor si no fuera por el sostenimiento de las transferencias monetarias directas.

Finalmente, la investigación ratifica que la crisis golpea con mucha mayor fuerza a los sectores infantiles que a la población adulta general. Mientras que la pobreza generalizada en el cierre del año pasado afectó al 28,2% de los habitantes, en la población menor de edad llegó al mencionado 42,3%. La misma asimetría se replicó en la indigencia, marcando un 6,3% para el total de la población frente al 9,4% detectado en niños, niñas y adolescentes, un escenario complejo que exige respuestas institucionales urgentes para evitar que la falta de consolidación económica profundice el deterioro social en el corto plazo.

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