A través del decreto 253/2026, el Gobierno nacional habilitó a la Provincia para gestionar los corredores viales que atraviesan nuestro territorio. Córdoba tendrá la facultad de licitar obras y administrar la recaudación, la cual deberá reinvertirse exclusivamente en el mantenimiento de las rutas. La medida busca agilizar las mejoras en la red vial cordobesa.

Un giro en la administración de la red vial nacional

En una decisión de gran impacto para la conectividad de nuestra provincia, el Gobierno nacional oficializó el decreto 253/2026, el cual permite que Córdoba asuma la gestión de los peajes en los tramos de la red vial nacional que se encuentran dentro de sus límites. Esta medida, que también alcanza a otras ocho jurisdicciones del país, tiene como objetivo principal descentralizar la ejecución de obras y garantizar un mantenimiento más eficiente de las carreteras.

A partir de este cambio de paradigma, Córdoba queda facultada para elaborar pliegos, convocar a licitaciones y adjudicar concesiones para obras públicas bajo el sistema de peaje. Esto permitirá que la administración provincial tenga un rol activo en la supervisión de los trabajos y en la definición de las prioridades de inversión en los corredores que atraviesan el departamento Tercero Arriba y el resto de la geografía cordobesa.

Condiciones del traspaso: fondos específicos y plazos rigurosos

Si bien la gestión será local, el decreto es claro al establecer que las rutas seguirán siendo propiedad del Estado nacional. La delegación de facultades es temporal y podrá ser revocada por la Nación en caso de ser necesario. Para que el traspaso sea efectivo, la Provincia deberá suscribir convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos a intervenir y los plazos de ejecución.

Un punto fundamental del nuevo sistema es el destino del dinero recaudado: los fondos provenientes de los peajes deberán reinvertirse exclusivamente en obras de mejora y mantenimiento de los sectores concesionados. Además, se fijaron plazos estrictos para evitar dilaciones; una vez firmado el convenio, el proceso licitatorio deberá iniciarse en un máximo de un año, y la concesión tendrá que otorgarse en no más de 90 días hábiles tras la adjudicación.

Supervisión federal y expectativas en nuestra zona

A pesar de la autonomía otorgada a Córdoba, la supervisión técnica y económica de los proyectos continuará bajo la órbita de los organismos nacionales. Esta doble vía de control busca asegurar la viabilidad de las obras y el cumplimiento de los estándares de seguridad vial.

Desde Tiempo Regional, destacamos que esta medida podría acelerar reparaciones largamente esperadas en rutas nacionales de nuestra zona, que sufren el desgaste del intenso tráfico comercial. La posibilidad de que Córdoba administre directamente los recursos generados en sus propios peajes abre una ventana de oportunidad para mejorar la infraestructura vial y, consecuentemente, la seguridad de todos los cordobeses que transitan a diario por estos corredores.