El presidente de la Nación anunció una iniciativa para prohibir la financiación al Estado mediante la emisión de dinero y propuso una regla fiscal estricta con sanciones automáticas y suspensión de sueldos a la clase política ante eventuales déficit.

Las cinco premisas para la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei presentó oficialmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo central de terminar con la emisión monetaria para financiar el gasto público. Durante su anuncio, el mandatario fundamentó la medida al señalar la inflación acumulada desde la creación de la entidad en 1935 y definió el uso de la emisión como una expropiación indirecta por parte de la política sobre los ingresos de los ciudadanos.

La propuesta legislativa se estructura sobre cinco pilares fundamentales: en primer lugar, se establece que la única misión de la entidad monetaria será preservar el valor de la moneda, reconociendo la naturaleza monetaria de la inflación. En segundo término, se prohíbe de manera taxativa la financiación al Estado nacional, provincial o municipal, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario. Asimismo, para blindar a las autoridades del organismo, la remoción del presidente y del directorio requerirá el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Finalmente, se restringe la distribución de dividendos —permitiendo girar fondos al Tesoro únicamente para la cancelación de deuda— y se eliminan las letras intransferibles.

«Grillete fiscal» y liberalización del mercado de capitales

El proyecto de reforma se complementa con una regla fiscal permanente denominada «grillete fiscal», diseñada para impedir que el Congreso apruebe o sostenga presupuestos deficitarios. Según explicó el jefe de Estado, si las cuentas públicas registran déficit de manera consecutiva y el Poder Legislativo no restituye el equilibrio en pocas semanas, se activará un mecanismo automático de parálisis de actividades no esenciales, congelamiento de contrataciones y suspensión de transferencias discrecionales. Durante dicho periodo, ni el Presidente, ni la Vicepresidenta, ni legisladores, ministros o secretarios de Estado cobrarán sus haberes.

El esquema normativo aclara que las partidas esenciales —tales como jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, salud, seguridad y defensa— quedarán expresamente exceptuadas de cualquier congelamiento. Como cierre del paquete de medidas, el Ejecutivo enviará iniciativas para desregular y profundizar el mercado de capitales y de seguros, buscando que el ahorro privado vuelva al sistema financiero para financiar proyectos productivos en el país.