La Ley Provincial 11.128 ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece un régimen preventivo para tapiar o derrumbar búnkeres de droga y aguantaderos. Además, dispone que el 60% de los bienes decomisados financiará a la FPA y el 40% a programas de prevención de adicciones.
Intervención de inmuebles y herramientas judiciales contra el narcotráfico
El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, denominada Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, la cual fue oficialmente publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Córdoba. La normativa declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y establece un marco legal para identificar, intervenir, clausurar y recuperar inmuebles o estructuras utilizadas para actividades delictivas, así como aquellos lugares abandonados que representen un riesgo directo para la seguridad pública.
Entre las herramientas administrativas contempladas, el Estado provincial podrá disponer el tapiado, cerramiento, bloqueo de accesos o custodia preventiva de las propiedades por un plazo inicial de hasta seis meses. En el plano judicial, la norma modifica la Ley Provincial 10.067 para otorgar facultades a los fiscales especializados, quienes podrán solicitar a los jueces medidas severas como la exclusión de personas vinculadas al ilícito y, de forma excepcional, la inutilización o demolición total o parcial de los búnkeres utilizados para el narcomenudeo.
Coordinación interagencial y el destino de los recursos decomisados
Para coordinar las acciones en todo el territorio cordobés, la ley dispone la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos articularán el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales para planificar e implementar los procedimientos.
Otro de los puntos centrales de la legislación radica en el destino de los fondos y bienes incautados a las organizaciones criminales. El producido de las subastas de bienes decomisados en causas de narcotráfico se distribuirá de forma específica: un 60 % estará destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la FPA, mientras que el 40 % restante financiará programas de prevención, asistencia a víctimas y abordaje de consumos problemáticos. Asimismo, los vehículos e insumos secuestrados podrán asignarse directamente al uso operativo de las fuerzas antinarcóticos.
