La diputada nacional por Córdoba encabezó un encuentro con referentes y líderes del sector en Buenos Aires. Las iniciativas buscan otorgar fuerza de ley al Nomenclador de Prestaciones Básicas y restituir el fondo de compensaciones para el transporte de larga distancia afectado por las recientes medidas de la Casa Rosada.
Amparo legislativo: un frente parlamentario frente a los recortes en el sector de la discapacidad
La defensa institucional de los derechos sociales y las garantías de asistencia para los sectores más vulnerables de nuestra provincia y el resto del país sumó un capítulo central en la agenda parlamentaria nacional. La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, encabezó hoy una intensa jornada de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires junto a organizaciones civiles, especialistas, asesores y líderes dedicados al diseño de políticas públicas para personas con discapacidad en la República Argentina. Durante el cónclave, la parlamentaria expuso los lineamientos de dos proyectos de ley de su autoría que apuntan a consolidar un piso mínimo de derechos frente a las últimas decisiones del Poder Ejecutivo.
La mesa de debate técnico se estructuró con el propósito de analizar el complejo escenario que atraviesan los prestadores, las instituciones educativas y los propios usuarios del sistema. Ante los representantes del sector, la dirigente que integra el espacio Defendamos Córdoba remarcó la importancia de visibilizar de forma transparente las problemáticas de la asistencia social, instando a construir mayorías legislativas que impidan el retroceso en las conquistas civiles que amparan a miles de familias en nuestra región.
Las dos iniciativas de De la Sota: blindaje de aranceles y restitución de pasajes de larga distancia
La ingeniería jurídica de las propuestas presentadas por la legisladora cordobesa se enfoca en resolver dos de los reclamos más urgentes que mantienen movilizadas a las organizaciones de nuestra zona:
- Blindaje del Nomenclador de Prestaciones Básicas: El primer proyecto de ley busca blindar normativamente el listado de aranceles y servicios esenciales para personas con discapacidad. El objetivo es otorgar fuerza de ley a las prestaciones mínimas indispensables, garantizando de manera transparente la sustentabilidad económica y operativa en los ámbitos de la rehabilitación médica, la cobertura educativa integral y el transporte adaptado.
- Recuperación del fondo de compensaciones de transporte: La segunda iniciativa persigue la restitución inmediata del fondo compensatorio estatal que financiaba los pasajes de larga distancia gratuitos para este colectivo en las empresas de transporte terrestre. Dicho beneficio e instrumento de integración civil había sido eliminado por la administración central que conduce el presidente Javier Milei hace pocos días, dejando desprotegidos a los usuarios de nuestra provincia que requieren trasladarse por razones de salud o vinculación familiar.
Debate ideológico sobre las políticas públicas y el acompañamiento de las organizaciones civiles
Durante su alocución frente a los referentes nacionales, Natalia de la Sota lanzó duras críticas hacia la dirección de las decisiones gubernamentales, señalando de forma explícita que las últimas medidas reflejan un posicionamiento ideológico de insensibilidad. «Vamos a luchar contra la indiferencia. Estoy para acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias, con acciones y con proyectos. Nuestro compromiso es que la insensibilidad no se imponga», advirtió de manera tajante la diputada, reconociendo que, aunque el escenario dentro del Congreso de la Nación se presente adverso, insistirá de forma rigurosa en poner estos temas sobre la mesa para concientizar a la sociedad civil.
La jornada de articulación política contó con el respaldo directo de destacadas figuras de la militancia y el derecho, entre ellos Valentina Bassi, Ian Moche y la abogada Marta Lastra. Asimismo, sumaron su adhesión y aportes técnicos autoridades institucionales como Daniel Ramos (CAIDIS), Elizabeth Aimar y Jorge Manuel Prado (RALS), Ana María Dones (REDI), Carlos Alberto Scipione (FATRADIS), Pablo Molero (Foro Permanente de Discapacidad), Carlos Alberto Muñoz (AIEPESA), el activista Eduardo Sotelo, el psiquiatra Christian Plebst y la doctora Marité Puga, histórica referente cordobesa del Consejo Federal de Discapacidad, junto a prestadores y letrados como Martín Valdés, Gonzalo Giles y Olga Jaimen, interviniente en los amparos colectivos por la emergencia del sector.
Desde Tiempo Regional, realizamos un seguimiento exhaustivo, minucioso y transparente de las iniciativas legislativas que resguardan la inclusión y la equidad social en nuestra provincia. Entendemos de forma directa que socializar los proyectos que blindan el presupuesto de salud y educación especial, auditar la vigencia de los derechos de transporte gratuito y respaldar el reclamo orgánico de las instituciones del tercer sector constituyen las herramientas más transparentes, indispensables y efectivas para frenar la vulneración de derechos en nuestra ciudad, brindar previsibilidad a los hogares adaptados y velar por la dignidad y el bienestar integral de todas las familias que habitan en nuestra comunidad regional.
