La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y negocios privados irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El fallo judicial y los delitos investigados
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita, en el marco de una causa que investiga cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien consideró acreditada la existencia de un entramado de corrupción institucional dentro del organismo durante los primeros meses del actual Gobierno nacional.
Procesamientos y embargos millonarios
Además de Spagnuolo, el magistrado procesó a Daniel Garbellini, quien fuera su segundo al frente de la ANDIS, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, personas con estrechos vínculos con droguerías que habrían participado de la operatoria investigada.
En total, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ex funcionarios, empleados del organismo y empresarios privados, a quienes les impuso embargos sobre sus bienes por distintos montos. El embargo más elevado recayó sobre Spagnuolo y supera los 202 millones de pesos.
Un entramado de corrupción dentro del organismo
En su resolución, el juez sostuvo que en la ANDIS se configuró “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Según el fallo, este esquema estuvo integrado por “operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad, actuando de forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Desvío de fondos y perjuicio a personas con discapacidad
Casanello remarcó que la ANDIS se transformó en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, en detrimento de la finalidad pública del organismo, que es la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
El magistrado subrayó que las maniobras investigadas implicaron un grave perjuicio institucional y social, al desvirtuar el rol del Estado en una de las áreas más sensibles de la administración pública.
Investigación abierta y posibles nuevas imputaciones
El fallo también deja abierta la posibilidad de ampliar la investigación, al advertir que el esquema delictivo “no se agotaría en los hechos probados hasta el momento” y que existirían indicios de extensión hacia otras áreas de la propia ANDIS.
“La importancia de las cifras, la extensión de los negocios y el desenfado con el que se actuaba sugieren que no se trató de un fenómeno aislado, sino de una estructura con posibles niveles más amplios de complicidad”, concluye la resolución judicial.
