El gobernador de la provincia, Martín Llaryora, oficializó la promulgación de la Ley Provincial N.° 11.126 de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras. La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.° 57, establece un marco jurídico e institucional diseñado de forma específica para preservar las fuentes laborales y acompañar los procesos de reactivación de unidades productivas en crisis bajo la gestión de cooperativas de trabajo.
El propósito central de la legislación es mitigar el impacto de los cierres de establecimientos comerciales e industriales, brindando herramientas concretas para el mantenimiento y la creación de empleo digno en todo el territorio provincial. A partir de su vigencia, estos procesos de recuperación económica son declarados de interés social, reconociendo a los operarios organizados como sujetos prioritarios para sostener la producción.
Registro Provincial y herramientas de asistencia técnica y financiera
Uno de los ejes fundamentales de la ley es la creación del Registro Provincial de Empresas Recuperadas, el cual funcionará bajo la órbita del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Dicho organismo se constituirá como la autoridad de aplicación y coordinará las políticas públicas del sector en articulación directa con el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Las cooperativas que integren este registro formal accederán a un paquete integral de beneficios diseñados para garantizar su sostenibilidad institucional. Entre los instrumentos de apoyo se destacan el asesoramiento jurídico continuo, asistencia técnica, capacitaciones operativas y el acceso a líneas de crédito con sistemas de garantía específicos para facilitar el financiamiento. Adicionalmente, el texto normativo prevé un régimen de incentivos temporales que contempla subsidios, tratamiento fiscal preferencial y la prioridad para convertirse en proveedoras del Estado provincial.
Protocolo de intervención y enfoque de equidad
Para que una unidad económica avance en su conversión hacia el modelo cooperativo, la ley estipula un procedimiento formal de evaluación. Este protocolo demanda la intervención del Ministerio de Justicia y Trabajo mediante inspecciones físicas e informes técnicos de viabilidad, coronando el proceso con una audiencia obligatoria donde participan los trabajadores y representantes de ambas carteras ministeriales para certificar la factibilidad de la explotación.
Finalmente, la normativa incorpora la perspectiva de género como un principio rector ineludible, promoviendo la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones dentro de los procesos productivos, sociales y de administración de las empresas recuperadas. Con esta medida, el Gobierno de Córdoba consolida un esquema de previsibilidad que busca amortiguar el impacto de las crisis empresarias y blindar el entramado productivo regional.
