La ciudad de Santa Rosa de Calamuchita atraviesa un tenso enfrentamiento institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante (HCD). El punto de discordia central gira en torno a la transparencia y la cuantía de los «Gastos de Representación» que perciben los funcionarios municipales, una cifra que, según denuncian desde el órgano legislativo, estaría presionando las arcas públicas ante un déficit fiscal real de $957.946.725.
El origen del conflicto: Decretos ocultos y montos millonarios
El malestar estalló tras la publicación del Decreto 31/26, que reveló pagos mensuales por $17.000.000 destinados a once funcionarios bajo este concepto. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó el 20 de mayo de 2026, cuando el Ejecutivo blanqueó en el Boletín Oficial de Córdoba el Decreto 158/2023, emitido originalmente en diciembre de 2023 y mantenido fuera del escrutinio público durante dos años y medio.
Este decreto fija «Gastos de Representación» de manera automática: un 115,5% adicional al sueldo para el Intendente, 95,5% para Secretarios y 45,5% para directores y supervisores. En la práctica, esto implica que cada aumento salarial básico otorgado a los empleados municipales dispara exponencialmente los ingresos de la planta política, sin mecanismos de control o rendición de cuentas.
La respuesta del HCD y el veto del Ejecutivo
Ante este escenario, el HCD aprobó la Ordenanza 2025/2026 de «Tope y Regulación de Gastos de Funcionarios», que proponía limitar dichos adicionales a un máximo del 30% del sueldo básico de cada funcionario. El concejo argumentó que, de mantenerse los montos actuales, solo en concepto de Gastos de Representación se superaría en agosto el presupuesto anual de $162.000.000 asignado para dicha partida en 2026.
No obstante, el pasado 2 de julio de 2026, el Intendente Eduardo Martín vetó la ordenanza mediante el Decreto 85-26. En sus fundamentos, el Ejecutivo alegó que la norma «lesiona el patrimonio de los funcionarios», vulnera el principio de intangibilidad salarial y que los gastos de representación son «privativos» del Ejecutivo, calificando el accionar del Concejo como un intento de desestabilización.
¿Qué sigue para las arcas municipales?
El HCD mantiene su postura firme, señalando que la aplicación del tope del 30% permitiría ahorrar más de $14.200.000 mensuales, fondos que consideran esenciales para sanear el déficit fiscal del municipio. Comparativamente, los concejales advirtieron que el presupuesto total de estos gastos anuales supera partidas críticas para la comunidad, como el presupuesto del comedor del I.P.E.M. 422 o el fondo de mejoras escolares FODEMEP.
La próxima sesión del cuerpo legislativo será clave, ya que se tratará nuevamente la ordenanza vetada con el objetivo de convertirla en ley, reafirmando la necesidad de adecuar estos ingresos a montos más razonables y transparentes para la gestión pública.
