El legislador cordobés Juan Pablo Peirone impulsó un proyecto de ley para implementar un Sistema de Localización Temprana de Evidencia Digital. La iniciativa surge tras el trágico impacto del caso de Agostina Vega y apunta a optimizar de manera sustancial los tiempos críticos de respuesta de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en todo el territorio.

Un vacío operativo frente al avance del reloj en situaciones críticas

En el ámbito de la investigación criminal y las denuncias por desapariciones en nuestra provincia, el factor tiempo se consolida como el límite definitivo entre el éxito y la tragedia. Ante este complejo escenario, el legislador provincial Juan Pablo Peirone presentó formalmente una iniciativa parlamentaria destinada a la creación del «Sistema Provincial de Localización Temprana de Evidencia Digital para la Búsqueda de Personas y la Investigación del Delito». El proyecto cobró un fuerte impulso en la agenda pública tras el conmocionante caso de Agostina Vega, cuyo hallazgo sin vida volvió a exponer las demoras operativas que afrontan las brigadas de investigaciones tradicionales en este período de 2026.

La problemática actual radica en que las primeras horas de una búsqueda de paradero se consumen habitualmente con personal policial recorriendo a pie las calles, barrios y comercios de nuestra región, relevando de forma manual qué domos públicos o dispositivos privados de filmación podrían haber registrado imágenes de utilidad. Este proceso artesanal e individualizado genera una pérdida de tiempo irreversible mientras los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de una persona extraviada.

Georreferenciación y articulación público-privada para asistir a la Justicia

La propuesta legislativa busca dar un giro tecnológico a los protocolos vigentes mediante el diseño de una plataforma centralizada que identifique y georreferencie de manera previa todas las cámaras de seguridad públicas, sumando además a aquellos dispositivos de comercios o viviendas particulares que decidan adherirse de forma estrictamente voluntaria. De este modo, ante la activación de una alerta por un delito grave o una desaparición, las autoridades competentes sabrán de inmediato a qué registros fílmicos recurrir de manera directa, acelerando los tiempos de recolección de pruebas.

De acuerdo a lo expresado por el autor del proyecto, los beneficios estructurales de la norma se concentran en cuatro ejes fundamentales para nuestra comunidad:

• Mayor rapidez en los operativos de rastreo y localización de personas.
• Optimización en el acceso a la evidencia digital para el esclarecimiento de ilícitos.
• Provisión de herramientas modernas y eficaces para la Justicia y las fuerzas de seguridad.
• Fomento de un esquema de colaboración solidaria y coordinada entre el Estado y los vecinos.

Con este marco regulatorio, se busca reemplazar la urgencia improvisada por un sistema de respuesta tecnológica previa, bajo la premisa rectora de que, cuando se trata de salvar vidas en nuestro país, cada minuto cuenta.